Horror en El Quebrachal: familias aborígenes eran esclavizadas en un campo usurpado

Un megaoperativo de Gendarmería Nacional desarticuló una red de trata de personas y trabajo esclavo en una finca cercana a El Quebrachal, donde familias aborígenes eran obligadas a vivir bajo plásticos mientras extraían madera de forma ilegal. La investigación apunta a una organización con presuntas conexiones políticas que operaba bajo el amparo de un exlegislador provincial y referentes de Santiago del Estero.

La intervención de las fuerzas federales, realizada el pasado jueves en el departamento Anta, reveló un escenario de precariedad absoluta y explotación inhumana. En los montes de una propiedad perteneciente a una empresa de Buenos Aires, los efectivos hallaron a 30 salteños, entre ellos varios niños, viviendo en condiciones deplorables. Los trabajadores, oriundos de las localidades más vulnerables del norte provincial, realizaban jornadas de "sol a sol" extrayendo postes de quebracho colorado de manera clandestina para su posterior traslado a la vecina provincia de Santiago del Estero.

El operativo surgió tras una denuncia por usurpación y deforestación profesional que, debido a la gravedad de los delitos hallados, fue trasladada al fuero federal. Según fuentes de la investigación, el predio de miles de hectáreas se encontraba bajo el control de una red que utilizaba a los integrantes de comunidades originarias como mano de obra esclava. Se sospecha que un exdiputado por Anta habría facilitado la logística para trasladar a las familias, mientras que un "ladero político" santiagueño coordinaba el acopio y transporte de la madera robada del bosque nativo.

El procedimiento contó con la participación de la División Trata de Personas y la Policía Rural de El Quebrachal, quienes actuaron bajo un estricto hermetismo para evitar filtraciones que pudieran alertar a los responsables. En el lugar, además del rescate de las víctimas, se constató una masiva depredación ambiental: cientos de postes y rollos de maderas duras eran extraídos sin ningún tipo de permiso forestal, violando todas las normativas de protección del medio ambiente en una zona considerada por los lugareños como "tierra de nadie".

La situación en esta frontera entre Salta y Santiago del Estero expone una problemática compleja donde se entrelazan la usurpación de tierras, la trata de personas y delitos trasnacionales. Habitantes de la zona advirtieron que, además del saqueo forestal, la región es utilizada para el tránsito de estupefacientes y aterrizajes clandestinos, favorecidos por la falta de presencia estatal en los sectores no desarrollados de las grandes estancias. Tras el rescate, las familias aborígenes recibieron asistencia médica y contención, mientras la Justicia Federal avanza en la identificación de los responsables políticos y comerciales de esta red de esclavitud moderna.