García Castiella acusa de encubrimiento; la familia Cordeyro exige pruebas y denuncia que la ponen en peligro

El procurador sostiene que Vicente Cordeyro y Trinidad Chávez encubrieron a los Saavedra y borraron antecedentes de Damián. La familia rechaza la acusación, reclama evidencias y cuestiona que se los señale mientras la sospechosa muerte de Vicente continúa sin esclarecerse.

La familia Cordeyro volvió a las calles para reclamar justicia y denunciar lo que considera una peligrosa ofensiva institucional. Durante la movilización, sus integrantes cuestionaron al procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, por acusar en medios amigos a Vicente Cordeyro y Trinidad Chávez de haber encubierto a la familia Saavedra y eliminado antecedentes vinculados con Damián Saavedra.

Los familiares rechazaron esas imputaciones, exigieron que el procurador presente las pruebas que las sostienen y advirtieron que semejantes señalamientos, realizados desde la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, no son inocuos: los exponen ante la sociedad y podrían poner en riesgo su seguridad.

El reclamo incorpora un elemento especialmente grave. Mientras desde la Procuración se instala una sospecha sobre Vicente Cordeyro, su muerte continúa bajo investigación. Para la familia, resulta inadmisible que se avance con acusaciones públicas contra una persona fallecida cuando todavía no se esclarecieron las circunstancias de su muerte.

El caso abre así una discusión que excede el expediente judicial. Cuando quien acusa concentra poder institucional, la obligación de exhibir pruebas y actuar con prudencia debe ser todavía mayor. Una imputación sin respaldo conocido puede convertirse en una condena pública anticipada y alterar el curso de una investigación que debería estar guiada por la búsqueda de la verdad.

La familia sostiene que no aceptará ser colocada en el lugar de los responsables ni transformada en objeto de sospecha sin evidencias. Por eso marchó contra la impunidad, pero también contra una forma de ejercer el poder judicial que —según denunció— desplaza el foco, instala versiones y deja a las personas señaladas en una situación de vulnerabilidad.

El pedido es concreto: que el funcionario judicial García Castiella muestre las pruebas de sus acusaciones y que la Justicia esclarezca la muerte de Vicente Cordeyro. Hasta entonces, las preguntas permanecen abiertas: ¿por qué se acusa públicamente a la familia mientras una muerte sospechosa continúa sin respuesta?, ¿qué elementos sostienen la hipótesis de encubrimiento? ¿quién se responsabiliza por las consecuencias de exponer a quienes todavía reclaman justicia?