Fiscales advierten que la reforma de la Ley de Jury pone en riesgo la independencia judicial

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) expresó su preocupación por el proyecto que busca permitir suspensiones preventivas antes de que se inicie formalmente el proceso de enjuiciamiento. Advierten que la medida podría utilizarse para apartar a magistrados que investigan hechos de corrupción o abusos de poder.

La Asociación Argentina de Fiscales manifestó una profunda preocupación institucional ante el avance del proyecto de reforma de la Ley Provincial N.º 7.138 en Salta. La iniciativa, que regresó al Senado tras obtener modificaciones en Diputados, propone habilitar al Jurado de Enjuiciamiento para suspender preventivamente a jueces y fiscales incluso antes de que se sustancie formalmente un proceso, lo que ha encendido alarmas sobre la independencia judicial en la provincia.

A través de un pronunciamiento oficial, la entidad reconoció la necesidad de mecanismos de responsabilidad institucional, pero advirtió que estas herramientas no deben transformarse en herramientas de condicionamiento. Según la AAF, aplicar una suspensión en etapas tempranas basándose únicamente en denuncias no sustanciadas produce efectos equivalentes a una "sanción anticipada", vulnerando el principio del debido proceso.

Riesgo para quienes investigan al poder

El documento pone el foco en la vulnerabilidad de los fiscales, quienes por la naturaleza de su trabajo suelen investigar redes de corrupción, criminalidad organizada y abusos de poder. La Asociación sostiene que esta reforma podría exponer a los funcionarios a denuncias maliciosas diseñadas estratégicamente para apartarlos de investigaciones sensibles.

"La independencia fiscal no es un privilegio corporativo, sino una garantía de la sociedad para que las investigaciones avancen aun cuando comprometan a sectores de poder", subrayaron desde la entidad.

En este sentido, recordaron precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigen protección frente a presiones externas y estabilidad en los cargos.

Para evitar que el régimen disciplinario sea utilizado de forma arbitraria, la AAF reclamó que la Legislatura salteña incorpore resguardos expresos en el texto de la ley. Entre las garantías exigidas se encuentran:

• La apertura formal previa de una causa antes de cualquier suspensión.

• La acreditación objetiva de gravedad institucional y peligro concreto.

• El respeto a la "inmunidad de criterio", impidiendo que se sancione a un fiscal por sus decisiones investigativas o criterios jurídicos.

• El control judicial efectivo de las decisiones que tome el Jurado de Enjuiciamiento.

Finalmente, la Asociación exhortó a los legisladores salteños a revisar el alcance del proyecto para asegurar que la suspensión preventiva no se convierta en un mecanismo de castigo previo o en una amenaza latente para aquellos magistrados que deben actuar con imparcialidad frente a causas de relevancia institucional.