Analizan reactivar la "ley de derribo" ante el preocupante avance del narcotráfico en Salta

El avance del narcotráfico en la región ha obligado a las autoridades nacionales a evaluar nuevamente herramientas extremas de vigilancia aérea y terrestre, en un momento donde las modalidades de tráfico se diversifican y se intensifican.

En el marco de su visita a la provincia, el ministro de Justicia de la Nación, Carlos Mahiques, ha puesto sobre la mesa un debate central para la seguridad fronteriza: la posible reactivación de los protocolos conocidos como "ley de derribo". La medida busca endurecer el control del espacio aéreo en el norte argentino ante la creciente preocupación por el narcotráfico.

Las declaraciones surgidas en Salta coinciden con la reciente publicación de un informe de El Tribuno, el cual detalla un fenómeno preocupante: ante los controles aéreos que se han logrado implementar, las organizaciones criminales han volcado gran parte de su logística hacia el transporte terrestre de estupefacientes. Esta mutación en la modalidad de tráfico plantea un desafío doble para las fuerzas de seguridad, que deben vigilar tanto las rutas aéreas irregulares como las arterias terrestres que conectan la frontera con los principales centros urbanos del país.

La estrategia que se analiza no se limita solo a la capacidad de interceptación aérea. Según se ha expuesto, el plan contempla una mayor inversión en radarización. La falta de una cobertura tecnológica completa y continua en toda la extensión de la frontera norte ha sido históricamente el punto débil que aprovechan las "narcovuelos" y las redes de logística terrestre para operar con impunidad. La reactivación de los protocolos de derribo —cuya implementación técnica y legal es sumamente compleja— se presenta, para el sector judicial, como una señal política contundente ante la escalada del crimen organizado.

El informe que motivó estas reflexiones subraya que el transporte terrestre de droga ha cobrado un protagonismo inusitado. Los controles en rutas nacionales y provinciales han detectado un flujo constante de vehículos preparados para el contrabando, lo que pone bajo la lupa la efectividad de los despliegues de las fuerzas federales en puntos estratégicos. La articulación entre la justicia federal y el Ejecutivo es, ahora más que nunca, la clave para evitar que el norte salteño continúe siendo la puerta de entrada principal para la droga que se distribuye hacia el resto de Argentina.

La "ley de derribo" o, técnicamente, los protocolos de interceptación y disuasión de aeronaves irregulares, han sido un tema recurrente en la agenda de seguridad de los últimos años. Fuentes judiciales señalan que el debate no es solo técnico, sino constitucional, ya que requiere una precisión quirúrgica para evitar daños colaterales. A nivel regional, el refuerzo de la radarización en Salta y Jujuy es visto como una necesidad urgente, debido a que las organizaciones criminales aprovechan las zonas montañosas y el terreno irregular para realizar maniobras de "desembarco" rápido de carga. El Ministerio de Seguridad de la Nación trabaja actualmente en un convenio para optimizar el funcionamiento de los radares de la Fuerza Aérea Argentina y mejorar la comunicación en tiempo real con las fuerzas que operan en tierra.