Fiscalía investiga a la Policía por mantener incomunicados y ocultos a dos chicos de 13 años

La impunidad con la que opera el aparato policial en las barriadas populares de Salta sumó un capítulo nefasto que ya escaló a los estrados judiciales. La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, inició de oficio una investigación penal de urgencia para determinar la cadena de responsabilidades y las graves anomalías en el procedimiento de la Subcomisaría Villa El Sol, tras la retención indebida de dos adolescentes de 13 años. 

Mientras sus familias desesperadas rastrillaban las calles de la zona este e incluso se activaba el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas ante el temor de una tragedia, los efectivos policiales mantuvieron a los menores bajo su custodia durante horas, trasladándolos a escondidas y ocultando el paradero de los chicos a sus propios padres, vulnerando de forma flagrante las garantías constitucionales y los tratados internacionales de protección de las infancias.

El caso, que salió a la luz gracias a la inmediata difusión de un video en redes sociales donde los progenitores denunciaron públicamente el calvario y la frialdad institucional que padecieron, desnudó el accionar corporativo y el desprecio por los protocolos vigentes. Según se desprendió de la información preliminar, la intervención de los uniformados se originó por la denuncia de un vecino que retuvo a los dos amigos acusándolos de provocar un supuesto daño menor en el portón de una vivienda.

Lo que debió resolverse con una citación inmediata a los tutores legales se transformó en un calvario burocrático: la policía subió a los menores a un patrullero, los paseó para someterlos a un examen médico legal y omitió deliberadamente dar aviso a las familias, quienes permanecieron sumergidas en una agonía evitable durante horas interminables.

La gravedad del encubrimiento y la desidia se puso en evidencia cuando la propia Fiscalía de Derechos Humanos intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la Subcomisaría Villa El Sol para exigir explicaciones, topándose con un muro de silencio: en la dependencia policial directamente nadie atendía los teléfonos oficiales.

Frente a este flagrante desacato, la fiscal Geria debió apelar a la cúpula de la Unidad Regional, intimando a la directora del Distrito de Prevención 1, Gabriela Zapana, para que obligara a la jefa de la seccional, la comisario Caresana Tenorio, a romper el hermetismo y responder por el paradero de los adolescentes de 13 años. Esta resistencia a la supervisión judicial expone el nivel de autonomía y la preocupante falta de transparencia con la que se manejan las comisarías de la periferia capitalina.

Como primeras medidas de choque, el Ministerio Público Fiscal exigió con carácter de extrema urgencia la remisión de las copias certificadas de todas las actas, los libros de guardia, el registro de novedades y el detalle del itinerario del móvil que trasladó a los chicos. Además, la fiscalía ordenó la individualización inmediata de cada uno de los efectivos involucrados, el secuestro de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad internas de la comisaría y la recopilación de filmaciones públicas y privadas de las adyacencias para reconstruir minuciosamente la cronología del atropello.

La investigación judicial intentará determinar si el accionar policial constituyó un abuso de autoridad y una privación ilegítima de la libertad, demostrando una vez más que en las periferias de Salta, los derechos de los niños de los sectores vulnerables son sistemáticamente pisoteados por la misma fuerza que tiene la obligación de protegerlos.