Secuestran un camión de Orán con 37 kilos de cocaína que ya había sido incautada por la policía

El secuestro de un cargamento de estupefacientes en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero desató un verdadero terremoto institucional que salpica de forma directa a las fuerzas de seguridad y a las custodias judiciales del norte salteño. Durante un control de rutina enmarcado en el Operativo Lapacho, a la altura de la localidad de Valentín Jiménez, efectivos policiales interceptaron un camión Mercedes Benz proveniente de la ciudad de Orán que ocultaba 37 kilos de cocaína de máxima pureza en el compartimiento del motor. 

Lo escandaloso del caso, y lo que promete convertirse en un sumario de alcance nacional, es que las pericias científicas preliminares confirmaron que la droga incautada ya había sido secuestrada con anterioridad por las fuerzas de seguridad en Salta, abriendo la gravísima hipótesis de que el cargamento fue "reciclado" o desviado desde un depósito oficial para volver a introducirlo en el circuito ilegal del narcotráfico.

Este alarmante hallazgo no es un hecho aislado, sino que se enmarca de manera calcada en una seguidilla de operativos de idénticas características registrados en la misma zona de control fronterizo durante las últimas semanas, consolidando una preocupante constante metodológica en el traslado de sustancias tácticas. El procedimiento comenzó a tornarse sospechoso cuando el chofer del camión, cuya identidad permanece bajo estricta reserva de sumario, se negó rotundamente a abrir el capot del vehículo ante el requerimiento de los uniformados.

Al ser advertido de que no podría continuar el viaje, el conductor realizó una llamada telefónica a quien identificó como el propietario del rodado y, al regresar, ofreció de manera descarada la suma de 500.000 pesos en efectivo para "arreglar" el inconveniente y eludir la inspección. La flagrante tentativa de coima motivó su inmediata demora y la posterior requisa del motor, donde finalmente los especialistas de la Didrop Este hallaron los panes de droga camuflados entre las piezas mecánicas.

El estupor de los investigadores aumentó al analizar los paquetes de cocaína compactada, los cuales presentaban marcas comerciales, numeraciones identificatorias correlativas, y pequeñas perforaciones o cortes típicos en sus envoltorios de nailon. Estas huellas son las que comúnmente realiza el personal de criminalística en los procedimientos oficiales de campo para extraer muestras y certificar la pureza de la sustancia mediante reactivos químicos.

El propio jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, ratificó que se puso en conocimiento inmediato a las autoridades federales ante la certeza de que se trata de mercancía que ya formaba parte de un expediente judicial anterior y que misteriosamente volvió a circular en las rutas norteñas. La teoría del desvío de drogas cobró aún más fuerza tras la confesión espontánea del imputado, quien aseguró haber sido contratado en Orán y haber recibido la colaboración directa de un miembro activo de una fuerza de seguridad para sortear los primeros retenes viales en territorio salteño con destino a Santiago del Estero.

La trama criminal expone la profunda vulnerabilidad y las sospechas de corrupción que pesan sobre los galpones y depósitos judiciales de la región, donde las sustancias secuestradas permanecen almacenadas durante meses antes de su destrucción final. Este preocupante episodio se suma, de manera casi perfecta, a la detención ocurrida hace menos de una semana en la misma jurisdicción, donde una médica que prestaba funciones dentro de la Gendarmería Nacional fue capturada junto a otra mujer transportando 66 kilos de cocaína.

La Justicia Federal de Salta, donde se estima que el valor de cada ladrillo ronda los 2.500 dólares en frontera, investiga ahora dos líneas determinantes: el cotejo de las numeraciones de los panes para rastrear de qué causa previa y de qué dependencia desaparecieron los 37 kilos, y la identificación de un misterioso financista vinculado al ámbito del entretenimiento y los viajes que estaría detrás de la logística de un entramado narco que parece financiarse con la propia droga que el Estado dice incautar.