Apartan a policías por narcotráfico tras megaoperativo en Embarcación

La descomposición institucional en las fuerzas de seguridad volvió a quedar expuesta en el norte salteño. La Policía de Salta debió apartar preventivamente y poner a disposición de la Justicia a dos de sus efectivos —un sargento ayudante y un sargento— tras una megaorquestada investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes en la localidad de Embarcación. 

La causa, llevada adelante por la Dirección General de Drogas Peligrosas, culminó con 14 allanamientos simultáneos que dejaron un saldo de nueve personas demoradas, entre ellas los uniformados, además del secuestro de cocaína, marihuana, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

El operativo deja al desnudo una realidad alarmante: el involucramiento directo de personal policial en las redes de comercialización de drogas que azotan a la región. Ante la gravedad del escándalo, el Ministerio de Seguridad dispuso la intervención inmediata de la Dirección de Asuntos Internos para depurar responsabilidades y evitar que la complicidad institucional entorpezca una investigación que amenaza con seguir arrojando ramificaciones oscuras en las departamentales del norte.

Coimas, federales corruptos y la ruta del delito

La caída de los policías narcos en Embarcación se inscribe en una semana negra para las fuerzas de seguridad en territorio salteño. En paralelo a estos procedimientos, la Justicia Federal ordenó un violento y sorpresivo allanamiento ejecutado por Gendarmería Nacional en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en la calle Santiago del Estero de la capital.

La causa investiga una presunta red de cobro de coimas y sobornos ilegales en rutas a los tradicionales "tours de compras" y bagayeros, un esquema de recaudación clandestina que replica los escándalos registrados en los últimos meses en las delegaciones de Tucumán y Santiago del Estero.

La multiplicación de causas por corrupción, encubrimiento y narcotráfico que salpican tanto a la policía provincial como a las fuerzas federales demuestra que el delito organizado opera con eslabones incrustados en el propio Estado. Mientras algunos uniformados cambian el uniforme por el negocio de la droga o la extorsión rutera, la sociedad asiste con impotencia a un sistema donde ser garante de la ley se convirtió, para unos pocos inescrupulosos, en el escudo perfecto para delinquir.