Lázaro Báez beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por Milei

En un giro inesperado de la justicia federal, el empresario Lázaro Báez recibió un sobreseimiento parcial en una causa por evasión fiscal agravada vinculada a su empresa Austral Construcciones. 

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Económico N.º 3, fundamentada en la reciente aplicación de la Ley 27.799, conocida como "Ley de Inocencia Fiscal", sancionada a principios de este año bajo la gestión de Javier Milei.

El beneficio judicial se debe a que la nueva normativa elevó significativamente los montos mínimos (umbrales de punibilidad) para que la evasión sea considerada un delito penal. Con la actualización, el piso para la evasión simple subió a $100.000.000 por tributo y por año. Como gran parte de los montos investigados en los ejercicios 2010, 2011, 2013 y 2014 quedaron por debajo de esa cifra, la justicia aplicó el principio de la "ley penal más benigna" y dictó el sobreseimiento para Báez, sus hijos Martín y Luciana, y otros 11 colaboradores.

Sin embargo, el sobreseimiento no es total. El tribunal ordenó que la causa continúe su curso respecto al ejercicio fiscal 2012, ya que en ese período la deuda registrada (más de $113 millones en IVA y $178 millones en Ganancias) supera los nuevos límites legales. A esto se suma que, en paralelo, la Corte Suprema de Justicia rechazó otros recursos de la defensa en causas similares, manteniendo la presión sobre el empresario en otros frentes judiciales, como el de la retención de aportes previsionales.

La causa Vialidad y el fraude al estado

Todo comenzó con la obra pública en Santa Cruz. La Justicia determinó que, entre 2003 y 2015, el grupo de empresas de Báez fue beneficiado con el direccionamiento de 51 contratos viales. Durante el juicio, se probó la existencia de sobreprecios, obras que nunca se terminaron y una estructura montada desde el Estado para que él ganara sistemáticamente las licitaciones. Por este esquema de desvío de fondos, Báez fue condenado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta.

La Justicia probó que el dinero proveniente de la obra pública y la evasión fiscal no permaneció estático: fue sacado del país a través de paraísos fiscales y reingresado al circuito legal mediante la compra de bonos y propiedades. Por esta maniobra de blanqueo de aproximadamente 60 millones de dólares —que incluyó las famosas imágenes de "La Rosadita"—, Báez recibió una condena unificada de 15 años de prisión.

El nuevo giro judicial se produce en la causa por evasión de impuestos, considerada un "delito precedente" necesario para el lavado de dinero. Báez utilizaba facturas apócrifas para inflar gastos y pagar menos IVA y Ganancias. Sin embargo, la reciente Ley de Inocencia Fiscal (N.º 27.799) elevó los montos mínimos para que la evasión sea considerada un delito penal, fijando el nuevo piso en 100 millones de pesos por año y por tributo. Debido a la inflación, muchas de las deudas históricas de Báez quedaron por debajo de este nuevo límite legal.

Ante esto, el tribunal aplicó el principio de la "ley penal más benigna" y dictó su sobreseimiento en varios períodos fiscales. No obstante, el empresario continúa procesado por el ejercicio 2012, donde el monto de la evasión fue tan elevado que ni siquiera la actualización de la ley alcanza para librarlo del juicio oral.