Echan a policías condenados por una brutal paliza ocurrida en 2018

La desidia y la lentitud exasperante de los mecanismos de control estatal volvieron a quedar expuestas en los pasillos del poder provincial. El Gobierno de Salta dispuso finalmente la destitución por exoneración de cuatro efectivos de la Policía de la Provincia, luego de que la Justicia confirmara una sentencia condenatoria firme por una brutal agresión física cometida nada menos que en octubre de 2018.

Para la burocracia estatal, la impunidad gozó de buena salud durante más de ocho años, el tiempo exacto que le demandó al sistema administrativo y judicial reconocer lo que era evidente y dejar cesantes a los uniformados que convirtieron un procedimiento en una salvajada.

El aberrante episodio ocurrió el 3 de octubre de 2018, cuando la víctima, identificada como Pablo Joel Arias, intentaba retirarse pacíficamente de un lugar. Lejos de cumplir con su deber de resguardar la seguridad ciudadana, los entonces efectivos —el oficial ayudante F.N.F., el sargento E.L.E.Q., el cabo P.H.C. y la cabo G.Y.A.— persiguieron a Arias y lo acorralaron para someterlo a una golpiza despiadada a base de puños limpios.

La brutalidad del ataque policial fue de tal magnitud que la víctima terminó con heridas de gravedad que exigieron su internación de urgencia en el Hospital San Bernardo, al borde de perder la vida por el accionar descontrolado de quienes portaban chapa y arma reglamentaria.

A pesar de la gravedad de la causa penal, que culminó con una condena firme ratificada por los tribunales, la Dirección General de Asuntos Internos demoró una eternidad geológica en dictaminar las faltas como "muy graves" y aplicar la exoneración.

Mientras los uniformados condenados caminaban libres y mantenían sus privilegios laborales amparados por el blindaje corporativo interno, la víctima y su familia debieron cargar con la cruz de un proceso judicial eterno. Que un caso de apremios ilegales y lesiones gravísimas tarde casi una década en derivar en una simple exoneración administrativa retrata de cuerpo entero a un Estado que patea los expedientes para adelante y naturaliza la violencia institucional, dejando en evidencia que para las fuerzas de seguridad el tiempo de la impunidad siempre corre a favor.