Ocho años y medio de prisión para un interno que lideraba una red de drogas en Güemes

La ficción de la seguridad penitenciaria volvió a quedar expuesta tras un fallo de la justicia federal que confirmó la condena de un interno por liderar y operar un circuito de comercialización de estupefacientes desde el interior del Complejo Penitenciario Federal NOA III, ubicado en la localidad salteña de General Güemes.

El protagonista de la causa es David Gabriel Moreno, quien fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haberse cometido dentro de un establecimiento de encierro. Tras una disputa judicial entre magistrados sobre los alcances de los acuerdos abreviados, la Sala I del Tribunal de Revisión —a cargo del juez Santiago French— hizo lugar a la impugnación de la fiscalía y la defensa, ratificando la unificación de la pena con una condena anterior y fijando una sanción única de 8 años y 6 meses de prisión, declarándolo además reincidente por segunda vez.

La investigación desarrollada por el Distrito Salta —encabezada por el fiscal general Eduardo José Villalba con la intervención de la auxiliar fiscal Roxana Gual— permitió documentar al menos dos episodios de ingreso de sustancias prohibidas protagonizados por Moreno.

El primer hecho se registró el 18 de agosto de 2024, cuando personal del servicio penitenciario interceptó al recluso al regresar del sector de visitas hacia el Pabellón A, ocultando a la altura de la cintura un cargamento con 114 gramos de marihuana y más de 30 gramos de cocaína. Meses más tarde, el 18 de febrero de 2025, un nuevo control mediante el sistema de escaneo corporal (body scan) permitió detectar un segundo envoltorio que contenía otros 82 gramos de marihuana.

El fallo judicial también dejó al desnudo el nivel de impunidad y dominio que las organizaciones narcocriminales mantenían dentro del penal federal. Aquella estructura interna, profundamente arraigada en el complejo, motivó en junio de 2025 un inédito y masivo allanamiento sorpresivo con un despliegue de Gendarmería Nacional.

Durante el operativo, registrado por cámaras de drones, quedó en evidencia el descontrol imperante cuando los internos comenzaron a arrojar por las ventanas los envoltorios de droga para deshacerse de las pruebas ante la llegada de las fuerzas federales.

Con la homologación del acuerdo pleno previsto por el Código Procesal Penal Federal, la justicia zanjó la controversia sobre los límites de unificación de penas, cerrando un capítulo judicial que desnuda la realidad del sistema penitenciario: cárceles que, lejos de funcionar como centros de readaptación, operan como centros de operaciones del delito organizado bajo la pasividad o la complicidad estructural.