ATE exige formalmente a la Jefatura de Gabinete que informe si Javier Milei es apto para gobernar

La tensión entre los gremios estatales y la administración central sumó un nuevo capítulo de alto voltaje institucional. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó un pedido de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros con un requerimiento tan contundente como incómodo para el Ejecutivo: conocer en detalle la aptitud psicofísica del presidente Javier Milei.

A través de la presentación, el sindicato busca dilucidar si existe algún examen, junta médica o certificado oficial que evalúe las condiciones psíquicas y físicas del mandatario para desempeñar el máximo cargo de la Nación. Desde la organización gremial aclararon que el objetivo no es invadir la privacidad ni exigir el acceso a la historia clínica o a diagnósticos médicos particulares, sino obtener una definición concreta y de carácter institucional sobre el resultado de dichas evaluaciones bajo las categorías de "apto" o "no apto".

El planteo sindical pone sobre la mesa una exigencia de estricto cumplimiento para cualquier trabajador de la administración pública que, paradójicamente, parece quedar exenta en las altas esferas del poder político. En su presentación, ATE exigió que se informe si rige algún protocolo o reglamento interno que obligue al Presidente a someterse a controles periódicos de salud mental, un requisito que se le demanda de manera sistemática al resto de los empleados del Estado.

Como fundamento de la solicitud, el gremio remarcó que la estabilidad institucional, el manejo de la administración pública y el rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que detenta el jefe de Estado convierten su aptitud psicofísica en una cuestión excluyente de insoslayable interés público. Ante este escenario, la conducción sindical advirtió que, en caso de que el Gobierno intente eludir la respuesta, la administración nacional estará obligada a justificar legalmente su negativa invocando el riguroso test de daño previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública.