Peligroso retroceso en el Concejo: repudian a Casasola por minimizar denuncias de violencia de género

La política salteña vuelve a exhibir su cara más rancia tras las declaraciones del concejal Casasola, quien intentó deslegitimar una denuncia de violencia de género tildándola de "chimentos de pasillo". Su discurso no quedó ahí, pues desde el Observatorio de Violencia de Género cuestionaron al edil.

En un discurso cargado de revictimización, el edil sostuvo que los conflictos de pareja pertenecen a la "esfera privada", ignorando que la violencia contra las mujeres es un delito de orden público y una violación a los derechos humanos que el Estado está obligado a investigar.

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM), su directora Pilar González Sastre salió al cruce de manera tajante. En diálogo con Radio Lup 94.7, advirtió que minimizar un proceso judicial de esta gravedad desde una banca pública es un acto de extrema irresponsabilidad.

"Un concejal tiene un impacto social tremendo; decir que una denuncia es un chisme es cosificar a la mujer y quitarle valor a la palabra de la víctima"

"Un concejal tiene un impacto social tremendo; decir que una denuncia es un chisme es cosificar a la mujer y quitarle valor a la palabra de la víctima", señaló la funcionaria, remarcando que estos dichos no solo atacan a la denunciante, sino que desprecian el trabajo de las instituciones judiciales que intervienen en el caso.

La postura de Casasola, quien llegó a victimizarse diciendo que "mañana le puede pasar a cualquier hombre", refuerza los estereotipos de género que buscan silenciar a quienes se animan a denunciar. Al tratar la problemática con semejante liviandad, el legislador olvida su rol como referente social, convirtiendo su banca en un escudo para evadir la responsabilidad ética que le exige su cargo.

En una sociedad que lucha por erradicar la violencia, el mensaje que baja desde el Concejo Deliberante resulta no solo decepcionante, sino profundamente violento y alejado de los compromisos de género que la función pública debe garantizar.