Ley de Glaciares: reservas de agua, cambio climático y el trasfondo político del dictamen

El pasado 18 de diciembre de 2025, el Senado de la Nación otorgó dictamen al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, en una jornada que reunió a representantes de organizaciones ambientales, del sistema científico, del sector empresario minero y a los gobernadores de San Juan y Catamarca. El tratamiento en el recinto fue fijado para el 10 de febrero, en un contexto de fuerte disputa política y ambiental.

Mientras el presidente Javier Milei genera todo tipo de comentario y reacción virtual por su aparición en el 60° Festival de Doma y Folklore de Jesús Matía, Córdoba, para centrarse en el campo de juego mientras cantaba el reconocido Chaqueño Palavecino y posteriormente aceptar la invitación al escenario para canta "amor salvaje" mientras ardían los montes de Chubut en la Patagonia, la mecha rumbo al 10 de febrero se va acercando con un tema ambiental muy delicado: el proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

La iniciativa reabre un debate estratégico para la Argentina: el resguardo de los glaciares y ambientes periglaciares frente al avance de proyectos extractivos, en un escenario atravesado por el cambio climático, la escasez hídrica y la presión por acelerar inversiones mineras bajo el régimen del RIGI.

Para abordar el significado ambiental y las posibles consecuencias de un voto favorable, el Tintero consultó a Pablo López, ingeniero en Recursos Naturales y Ambiente, ex legislador provincial y nacional, quien advirtió que la discusión no puede desligarse del calentamiento global ni de la función vital que cumplen los glaciares como reservas estratégicas de agua.

El futuro llegó hace rato

Según López, los impactos del cambio climático en el Noroeste Argentino —y particularmente en Salta— ya son visibles, máxime en esta temporada estival, donde el aumento de la temperatura promedio global se traduce en una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como lluvias concentradas en cortos períodos de tiempo, inundaciones repentinas y eventos climáticos severos.

“Las lluvias intensas que provocaron inundaciones en el Valle de Lerma, los anegamientos urbanos o las crecidas del Pilcomayo son ejemplos de eventos que siempre existieron, pero que ahora se repiten con más frecuencia”, explicó. A ello se suman vientos extraordinariamente fuertes en zonas donde antes no eran habituales, una situación que también se vincula con la pérdida de barreras naturales producto del desmonte.

El impacto no es homogéneo: mientras algunas regiones enfrentan inundaciones recurrentes, otras padecen sequías más prolongadas y severas, con consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua, la producción y la vida cotidiana.

Patagonia, incendios y retroceso glaciar

López también vinculó el escenario actual de incendios forestales en la Patagonia con el cambio climático. La disminución de precipitaciones invernales, la reducción de nevadas y el aumento de las temperaturas estivales generan condiciones de baja humedad que facilitan la propagación del fuego y dificultan su control, aun cuando muchos focos sean intencionales.

En ese marco, el retroceso acelerado de los glaciares aparece como una de las señales más preocupantes del calentamiento global. “En los últimos años se ha registrado un retroceso más acelerado de los glaciares en Argentina, y eso compromete directamente las reservas de agua”, señaló.

Glaciares visibles e invisibles: la realidad del NOA

Uno de los puntos centrales del debate es que la discusión pública suele reducir el concepto de glaciar a grandes masas de hielo como el Perito Moreno. Sin embargo, en provincias como Salta existen glaciares de escombros, manchones de nieve persistente y zonas de permafrost —suelos permanentemente congelados— que cumplen exactamente la misma función: almacenar agua y liberarla gradualmente, especialmente en períodos de sequía.

“Todo eso también son reservas de agua, y más aún en contextos de escasez hídrica. Si ya están siendo afectados por el cambio climático, cualquier intervención que acelere su deterioro agrava el problema”, advirtió López.

El trasfondo político de la reforma

Desde esta perspectiva, el intento del Gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares no aparece como un debate técnico aislado, sino como una decisión política con destinatarios claros, máxime cuando el deshielo de los Glaciares habilita nuevas rutas comerciales que aceleran el calentamiento global, López señaló que la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, encabeza un fuerte lobby en provincias como Salta para avanzar con la reforma.

El objetivo, según explicó, es destrabar proyectos mineros, especialmente de cobre, que hoy encuentran restricciones en áreas glaciares o periglaciares, y permitir su ingreso al RIGI, cuyo plazo vence en junio de este año.

Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la posibilidad de que los gobiernos provinciales soliciten la exclusión de determinadas áreas del Inventario Nacional de Glaciares, una facultad que hoy recae en el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), organismo científico especializado.

“Delegar esa decisión en los gobiernos provinciales es completamente arbitrario. No se va a decidir en función de criterios científicos o de conservación, sino en beneficio de las empresas”, sostuvo López, remarcando que el IANIGLA ya cuenta con estudios específicos sobre glaciares en el NOA y con la capacidad técnica necesaria para su protección.

Agua, ciencia y modelo de desarrollo

En definitiva, el debate por la Ley de Glaciares excede la coyuntura legislativa. Pone en juego el modelo de desarrollo, la soberanía sobre los bienes comunes y la capacidad del Estado de priorizar la ciencia y la preservación ambiental frente a la presión de los grandes proyectos extractivos.

En un país que ya enfrenta inundaciones, sequías, incendios y estrés hídrico, la conservación de los glaciares, visibles e invisibles, aparece como una política de largo plazo. Modificar la ley para acelerar inversiones puede ofrecer beneficios inmediatos a determinados sectores, pero, como advierte López, pone en riesgo un recurso estratégico e irremplazable: el agua.