Milei nombra en Defensa a un general hijo de un coronel investigado por la dictadura

La designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa por el presidente Javier Milei desató una fuerte tormenta política y legal, al ser el primer militar en actividad en asumir esta cartera desde el regreso de la democracia en 1983. La decisión quiebra una tradición de más de cuatro décadas establecida para garantizar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. 

El exministro de Defensa, Oscar Aguad, calificó el nombramiento como un "error" legal e institucional. En una entrevista, Aguad fue taxativo al señalar: "La ley no lo permite, los militares no pueden mezclarse en política". Según explicó, la única prevención legal es que Presti "debiera pasar a retiro" antes de asumir, ya que el cargo de ministro es de ejercicio político.

Aguad subrayó que "Las Fuerzas Armadas no pueden adherir a ningún gobierno de turno", siendo un instrumento de la defensa nacional, no un actor político partidario. 

La decisión fue recibida con indignación por los organismos de derechos humanos, que la catalogaron como una "provocación" directa. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, rechazó el nombramiento, afirmando que un militar activo "no está preparado para eso" y que "no corresponde" que ocupe un lugar civil de esa índole. La controversia recuerda la historia de los 30.000 desaparecidos y los bebés robados durante el régimen militar.

Historia familiar marcada por represores

La designación también se ve afectada por la historia familiar del general. Presti es hijo de Roque Carlos Alberto Presti, un coronel retirado que actuó como jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura y fue investigado judicialmente por su presunto rol en hechos de represión ilegal. El RI 7 fue un centro clave para la represión en distintos partidos del conurbano bonaerense y La Plata.

El coronel Roque Carlos Alberto Presti fue investigado y detenido por orden de la Cámara Federal de la Capital. En su declaración de 1987 ante el tribunal que juzgó a las Juntas, reconoció haber recibido de la superioridad un listado de personas a detener el mismo 24 de marzo de 1976. Aunque fue impreciso en el número, mencionó entre 60 y 75 secuestros en la jurisdicción bajo su mando.

La posición oficial 

Pese a las críticas, la Oficina del Presidente (OPRA) defendió la decisión destacando la "intachable carrera militar" de Presti y la intención de inaugurar una tradición que ponga fin a la "demonización" de los oficiales.

En un análisis aparte, el exministro Aguad aprovechó la polémica para señalar una urgencia legislativa: la necesidad de modificar la Ley de Defensa, hecha en un tiempo en que no existían las amenazas modernas como el terrorismo, el narcotráfico y los ciberataques. La idoneidad de Presti, concluyó Aguad, no soluciona la falta de una "estrategia integral de la defensa" que se adecue a los desafíos del siglo XXI.