Denuncian detención arbitraria de integrantes wichi que reclamaban por amenazas y desmonte ilegal

La Red Contra la Violencia Institucional de Salta advirtió graves violaciones a los derechos humanos y exigió la inmediata liberación de Marta Herrera y Leonardo Pantoja, detenidos cuando acudieron a denunciar amenazas de muerte vinculadas al desmonte ilegal de tierras ancestrales.

La Red Contra la Violencia Institucional de Salta denunció la detención de Marta Herrera y Leonardo Pantoja, miembros de la comunidad wichi de Misión Chaqueña, quienes fueron privados de su libertad en la noche del miércoles luego de presentarse en un destacamento policial para denunciar amenazas de muerte y aprietes que, según indicaron, vienen sufriendo por parte de Claudio Ferrari, un empresario acusado de realizar tala ilegal sobre monte nativo perteneciente a la comunidad.

Lejos de recibir protección estatal, Herrera y Pantoja fueron detenidos sin fundamentos legales ni respeto por las garantías procesales básicas. La medida habría sido dispuesta por la fiscal Gabriela Souto, quien, según la denuncia pública, mantiene un vínculo familiar con el empresario señalado por la comunidad, hecho que agrava la situación y despierta serias sospechas sobre la imparcialidad de la actuación judicial.

Desde la Red señalaron que la comunidad wichi de Misión Chaqueña lleva adelante, en absoluta soledad, una resistencia sostenida contra el avance del desmonte ilegal mediante acampes y reclamos formales que no obtuvieron respuesta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo que tiene la obligación de garantizar el derecho ancestral de los pueblos originarios a la posesión y propiedad comunitaria de sus territorios.

En ese sentido, el abogado Juan Carlos Vera advirtió sobre la gravedad institucional del caso. “Es un hecho gravísimo que el Estado Nacional, como garante de los derechos de las comunidades al territorio establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley 24.071, no esté aplicando la normativa vigente”.

Las organizaciones firmantes repudiaron lo que calificaron como un nuevo atropello a los derechos humanos de las comunidades originarias, que no solo enfrentan la destrucción de los bienes naturales indispensables para su subsistencia, sino también una escalada de violencia, persecución y criminalización de quienes defienden el territorio.

Además, denunciaron la presunta complicidad de sectores de la justicia y de la policía provincial en favor de intereses privados, y exigieron el cese inmediato de las amenazas, el fin del desmonte ilegal y la libertad inmediata de Marta Herrera y Leonardo Pantoja.

El pronunciamiento fue suscripto por Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, Centro Comunitario ALFA, Partido Obrero, Madres Protectoras Salta, ADIUNSa, referentes sociales y estudiantiles, entre otras organizaciones, que advirtieron que este caso constituye una señal alarmante sobre el retroceso en materia de derechos humanos y derechos indígenas en la provincia.