Red narcocriminal en Villa Las Rosas: duras condenas a quienes operaban dentro del penal

Después de diez intensas semanas de audiencias, el Tribunal de la Sala VII dictó una sentencia histórica que sacudió los cimientos del Servicio Penitenciario de Salta. Ocho funcionarios fueron declarados culpables por integrar una organización narcocriminal que, lejos de mantener el orden, transformó el penal de Villa Las Rosas en un centro de operaciones del delito. También fueron condenados internos y familiares, con penas que van desde un año hasta nueve años y medio de prisión.

La investigación, liderada por la Unidad Fiscal del procurador general Pedro García Castiella junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, dejó al descubierto una estructura delictiva con jerarquías bien definidas, roles precisos y un objetivo claro: vender droga dentro de la cárcel y extorsionar a los propios detenidos. La Justicia entendió que el negocio prosperó gracias al “apartamiento deliberado y constante de la ley” por parte de quienes tenían que hacerla cumplir.

García Castiella fue categórico en su alegato final: lo ocurrido en Villa Las Rosas fue “una corrupción institucional que vulneró derechos humanos y desnaturalizó la función del Estado”. Funcionarios decidían quién sufría y quién era beneficiado. La cárcel, más que un lugar de rehabilitación, se convirtió en una selva donde los guardianes eran los predadores.

Las condenas que marcaron el cierre del escándalo

El Tribunal —integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— aplicó condenas ejemplares. Los penitenciarios Francisco Bisceglia (10 años y 6 meses) y Sergio Moya (10 años) recibieron las penas más altas por narcotráfico agravado, exacciones ilegales y asociación ilícita. Les siguieron José Luis Alarcón (8 años), Raúl Arjona (7 años), Luis Castaño (6 años y medio) y Marcos Bucotich García (6 años), todos señalados como piezas clave del engranaje que permitió el ingreso y la comercialización de estupefacientes en la Unidad Carcelaria N°1.

Otros funcionarios, como Rubén Guaymás y Marcelo Olguín Magno, recibieron condenas de entre 4 y 5 años por corrupción y abuso de autoridad.

En paralelo, los internos Manuel y María Inés Méndez, considerados líderes operativos de la red, fueron sentenciados a 19 años y medio (por acumulación de penas) y 9 años de prisión respectivamente. Junto a ellos, Héctor Banega, Ivana Gutiérrez, María Cristina Galindo y Patricia Flores recibieron penas de entre 4 y 8 años por integrar la organización.

Las condenas también alcanzaron a familiares y partícipes externos, como Nicole Luna (6 años, bajo arresto domiciliario) y Andrea Alba (8 años y 2 meses unificados). Solo dos imputados —Josué Valencia y Silvana Avendaño— fueron finalmente desvinculados tras el retiro de la acusación fiscal.

Una trama que desnuda la corrupción intramuros

El caso expuso algo más profundo que un negocio ilícito: la degradación del sistema penitenciario. En lugar de custodiar, algunos guardiacárceles vendían; en lugar de rehabilitar, extorsionaban. Los fiscales reconstruyeron cómo se cobraban “peajes” a los presos, se les vendía droga dentro del penal y se manipulaban los traslados y beneficios a cambio de dinero.

La sentencia no solo castiga a los culpables: también marca un precedente en la lucha contra la corrupción institucional y el narcotráfico en espacios de encierro. “El Estado no puede ser cómplice”, advirtió García Castiella.

El eco de la resolución retumba más allá de los muros de Villa Las Rosas: un llamado urgente a limpiar las cloacas del poder y restaurar la confianza en las instituciones que deberían proteger, no delinquir.