D’Alessio condenado: el poder oculto al desnudo

La Justicia finalmente condenó a Marcelo D’Alessio y, con él, quedó expuesta una maquinaria perversa que durante años operó en las sombras: espionaje ilegal, extorsión y vínculos obscenos con sectores de la política y la Justicia. Lo que se ventiló en este juicio no es solo la caída de un personaje turbio, sino la radiografía de un sistema que funcionó como engranaje de poder paralelo. Patricia Bullrich, en el medio.

El fallo no deja lugar a dudas: D’Alessio montó una estructura que se valía de contactos en los tribunales y en la política para perseguir, amedrentar y manipular. No actuaba solo. Tenía un respaldo que lo protegía, y lo más grave es que buena parte de ese andamiaje estaba sostenido por funcionarios, fiscales y jueces que hoy se hacen los distraídos.

La condena es histórica porque rompe con la impunidad que siempre acompañó a este tipo de operadores. Pero también es incómoda: ¿cuántos de los que usaron sus servicios siguen ocupando cargos y levantando el dedo moralizador desde los atriles?

La hipocresía es brutal: mientras D’Alessio cae, muchos de sus socios silenciosos se esconden detrás de expedientes y bancas. El fallo desnuda que no se trataba de un lobo solitario, sino de una red aceitada al servicio del poder.

La pregunta es simple y lapidaria: ¿caerá solo D’Alessio o la Justicia se animará a tirar de la cuerda para que caiga todo el telar? Porque si este entramado no se desarma de raíz, la democracia argentina seguirá condenada a vivir bajo la sombra del espionaje y la extorsión disfrazada de política.

 Un caso particular

Cabe recordar que la trama que incluye políticos, servicios de inteligencia y fiscales, salió a luz a raíz de una publicación realizada por el periodista Horacio Verbitsky durante el verano de 2.019.

En la investigación, con sobrada documentación, fotos y audios, se muestra como Marcelo D’Alessio, pide coimas al productor agropecuario Pedro Etchebest “a cambio de no ir preso por su participación en delitos mencionados por el arrepentido ex presidente de la ONCCA, Juan Manuel Campillo, quien sindicó a Etchebest como recaudador “entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario”.

De las grabaciones realizadas por el empresario, queda en evidencia como D’Alessio presiona a Etchebest para que consiga una cifra millonaria. El dinero sería para que el fiscal Stornelli compre una casa en Pinamar propiedad del empresario Héctor Colella, heredero de una de las varias propiedades que tenía el empresario Alfredo Yabrán.

Con el objetivo de negociar el cese de la investigación, D’Alessio y Etchebest viajaron el 8 de enero para reunirse, con el fiscal a cargo de la causa que lo sindicaba como recaudador, en el balneario CR. El empresario esperaba en una mesa cercana.

Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad: vínculos directos con el operador

El fallo judicial acredita que D’Alessio mantenía comunicación directa con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (durante la presidencia de Macri), a quien le ofrecía información obtenida mediante inteligencia ilegal. Esta relación, lejos de ser tangencial, forma parte del entramado institucional que el Tribunal consideró relevante para entender el alcance de la organización criminal.

“Se acreditó que D’Alessio mantenía contacto directo con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, a quien le ofrecía información obtenida por medios ilegales, incluyendo escuchas y datos sensibles sobre causas penales en curso.”

Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran mensajes de WhatsApp enviados por D’Alessio al número personal de Bullrich, en los que le ofrecía “una escucha” y “un arrepentido” vinculado a la banda narco “Los Monos”. El número fue verificado por la empresa Movistar como perteneciente a la funcionaria.

“Ministra, tengo una escucha que puede servirle para avanzar en la causa de Los Monos. También tengo un arrepentido que está dispuesto a declarar.”

El Tribunal consideró que estos intercambios no eran meramente informales, sino parte de una dinámica en la que el imputado se presentaba como proveedor de inteligencia paralela para funcionarios del Poder Ejecutivo. “La existencia de estos contactos revela una permeabilidad institucional que facilitó el uso de información ilegal como insumo operativo en áreas sensibles del Estado.”