Dura crítica del Colegio de Abogados a la reforma judicial: "Diputados no atendió nuestras observaciones"

El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Salta, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, enfrenta un fuerte rechazo por parte del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia.

En una extensa entrevista, Pedro Javier Arancibia, director del Instituto de Derecho Penal de la institución, denunció que las observaciones de los letrados fueron ignoradas y advirtió sobre el riesgo de una reforma "conservadora" que podría vulnerar derechos fundamentales.

Arancibia lamentó que la Cámara Baja "no atendió las observaciones y sugerencias" que el Colegio presentó verbalmente y por escrito. Aunque la postura de los abogados no fue tomada en cuenta, el letrado expresó una tenue esperanza de que el Senado pueda analizar con mayor detenimiento el proyecto para evitar "problemas en la aplicación práctica o derivar en cuestionamientos de legalidad o constitucionalidad".

Una reforma "conservadora" que blanquea viejas prácticas

Según el análisis del Colegio de Abogados, la reforma es "conservadora" porque no implica un cambio de paradigma, sino que se limita a introducir dispositivos menores sobre el mismo código ya existente. El punto más crítico, según Arancibia, es que el proyecto busca legalizar una discutible práctica de la Corte de Justicia que, a través de "acordadas", ya venía legislando en materia procesal penal sin tener las facultades para ello. De esta manera, el proyecto "blanquea" y da cobertura legal al denominado "plan piloto" de oralidad que la Corte ya venía implementando.

Además, el director del Instituto de Derecho Penal señaló que la reforma no contempla una "inversión importante" en recursos humanos y tecnológicos, lo que la diferencia de los sistemas acusatorios verdaderos. Para Arancibia, el proyecto "asume que no va a haber una decisión política de transformar el sistema" y opta por "exprimir los recursos que ya existen", lo que podría sacrificar la calidad de la justicia en aras de una mayor agilidad administrativa y, con ello, afectar derechos fundamentales.

Grave vulneración de derechos y opacidad en la evidencia digital

El letrado precisó cómo la reforma podría vulnerar derechos de la ciudadanía. Uno de los puntos más peligrosos es el artículo 10 inciso f, que podría dar una "facultad política discrecional y arbitraria" al Procurador General para decidir qué delitos perseguir, lo que choca con la obligación de investigar todas las conductas delictivas.

Otro tema cuestionado es la "casación horizontal", que permite que los recursos contra medidas de coerción sean resueltos por jueces del mismo rango, afectando directamente las garantías de los imputados. A su vez, Arancibia mostró una profunda preocupación por la evidencia digital, un aspecto que la reforma no regula con precisión. El abogado advierte que, una vez obtenidos, estos datos pueden quedar "dando vueltas" de manera peligrosa, abriendo la puerta a situaciones de amenaza, extorsión o comercialización de información privada que va más allá del proceso judicial.

Aporte de la experiencia, no boicot

Frente a la posibilidad de que sus objeciones sean interpretadas como una actitud obstruccionista, Arancibia fue enfático: "Nuestra postura de ninguna manera pretende boicotear o impedir el avance hacia una mejora". El abogado aseguró que el único fin de sus observaciones es "contribuir a una mejor redacción" y evitar "conflictos futuros y, sobre todo, la colisión con derechos fundamentales". Finalmente, Arancibia subrayó que, como operadores de la justicia, es su obligación alzar la voz para asegurar que la ley que regirá por muchos años sea la mejor posible.