Un jefe penitenciario reconoció beneficios para presos y complicidad interna

Graves revelaciones en el juicio contra la red narcocriminal carcelaria: funcionarios facilitaron drogas, celulares y salidas transitorias sin control

Por primera vez en una declaración pública, el actual Director General del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, admitió que personal penitenciario otorgó beneficios indebidos a internos, muchos de ellos hoy acusados de integrar una red de narcotráfico que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1. Fue durante la cuarta jornada del juicio oral que busca desmantelar una organización delictiva con ramificaciones tanto dentro como fuera del penal.

Ante el tribunal integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y bajo la mirada de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Torres reveló detalles escalofriantes sobre la complicidad estatal en la expansión del narcomenudeo intramuros.

Drogas, visitas sin requisa y cambios de pabellón a pedido

Durante su exposición, el funcionario no sólo admitió que existían "rumores" sobre beneficios irregulares, sino que señaló con nombre y apellido a Francisco Bisceglia, agente de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como uno de los principales responsables de gestionar favores para internos: desde salidas transitorias e informes correccionales favorables hasta el ingreso de estupefacientes, cargadores, celulares, comidas y bebidas.

Según explicó, fue el Departamento de Inteligencia quien primero confirmó las sospechas. A pesar de la gravedad del caso, no se realizó una investigación interna porque —según Torres— el sistema penitenciario "no tenía herramientas suficientes" y "los involucrados seguían activos en sus puestos". Por eso, la Dirección optó por trasladar el expediente directamente al Ministerio Público Fiscal, lo que derivó en el proceso judicial que hoy conmociona a la provincia.

Controles ineficaces y zonas liberadas

Torres también reconoció graves fallas en los mecanismos de control, tanto en las requisas a internos y visitas como al propio personal. "Los controles al personal son superficiales", afirmó, y detalló que no existe inspección corporal completa cuando los agentes ingresan a cumplir funciones. Una admisión que valida las sospechas de que muchos elementos prohibidos ingresaban con anuencia del personal.

Además, describió cómo los objetos prohibidos —principalmente drogas y celulares— entraban en cavidades del cuerpo, eran lanzados desde el exterior o transportados por familiares, quienes en muchos casos no eran requisados adecuadamente. La falta de tecnología y protocolos eficaces parece haber sido la norma, no la excepción.

En un tramo particularmente revelador de su testimonio, el funcionario aseguró que los objetos secuestrados en requisas “no pueden permanecer en la oficina del jefe de pabellón”. Sin embargo, durante un allanamiento realizado en diciembre de 2023, se hallaron armas tipo "punta" y cargadores en el cajón de un jefe de pabellón.

Narcotráfico con base en el penal: la red familiar de los Méndez

Tras la declaración de Torres, prestaron testimonio los investigadores de UFINAR. Mediante entrecruzamientos de cuentas bancarias y billeteras virtuales, lograron identificar al interno Manuel Méndez como distribuidor de estupefacientes dentro del penal. Su madre, María Inés Méndez, era quien le abastecía desde el exterior.

Las pruebas incluyeron intervenciones telefónicas, análisis de redes sociales y grabaciones de video. Uno de los oficiales presentó una filmación clave: un jefe de pabellón, identificado como Castaño, atravesando los controles con una bolsa blanca que nunca fue inspeccionada.

Sistema de beneficios amañado: planillas sin firma y expedientes incompletos

Otro dato alarmante es el funcionamiento interno del régimen de beneficios. Torres detalló que los informes de "conducta" y "concepto", que determinan el acceso a salidas transitorias o trabajo extramuros, estaban incompletos, sin firmas, sin notificación al interno ni respaldo documental. Una evidencia más de cómo se manipulaban los expedientes para favorecer a ciertos reclusos.

Una red criminal con complicidad estatal

Lo que se ventila en este juicio no es sólo una trama narco: es también la descomposición de un sistema penitenciario incapaz de ejercer control sobre sus propios agentes, y que no pudo —o no quiso— detectar durante años la existencia de una red delictiva operando a plena luz del día.

Las audiencias continúan este viernes en la Sala de Grandes Juicios. Se espera que nuevos testimonios sigan echando luz sobre una estructura criminal que compromete tanto a internos como a funcionarios estatales.