



El Gobierno Nacional anunció la reconfiguración del programa PROCREAR. Tal medida deja en manos de privados la iniciativa estatal que por años fue la salvaguarda para las familias en el propósito de tener una vivienda própia y a la vez digna.
El programa PROCREAR, en sus diversas encarnaciones, ha sido durante años un faro de esperanza para miles de familias argentinas que soñaban con la casa propia. Nació como una política de Estado ambiciosa, buscando atacar de raíz uno de los problemas estructurales más agoviantes para la ciudadanía: el déficit habitacional. Sin embargo, el reciente anuncio de su cierre o, al menos, de una profunda reconfiguración que lo despoja de su esencia original, no es solo el fin de un programa; es la hipoteca de un sueño colectivo.
Desde su concepción, PROCREAR se presentó como una herramienta fundamental para dinamizar la construcción, generar empleo y, sobre todo, facilitar el acceso a la vivienda a sectores de la sociedad que quedaban excluidos del mercado crediticio tradicional. A través de créditos subsidiados y, en algunos casos, con la provisión de lotes o viviendas ya construidas, el programa permitió que muchas familias salieran del alquiler y consolidaran un patrimonio.


No era perfecto, claro. Tuvo sus vaivenes, sus ajustes, sus críticas. La burocracia, la inflación y los cambios en las condiciones crediticias generaron frustraciones en no pocos casos. Sin embargo, su impacto positivo en la vida de miles de personas es innegable.
El argumento esgrimido para su discontinuidad suele centrarse en la necesidad de ajustar las cuentas públicas y reorientar los recursos. Pero, ¿a qué costo? El cierre de PROCREAR, en un contexto de altísima inflación y salarios deprimidos, deja a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad.
¿Qué alternativas reales se les ofrecen a aquellos que no califican para un crédito hipotecario bancario, con tasas de interés prohibitivas y requisitos de ingresos inalcanzables para la mayoría? La respuesta es, lamentablemente, ninguna que se equipare a la escala y el alcance de lo que fue PROCREAR.
Esta decisión no solo afecta a las familias directamente involucradas. Tiene un impacto negativo en la economía en general, al desacelerar un sector clave como la construcción, con su consecuente pérdida de puestos de trabajo. Además, profundiza la brecha social, consolidando la idea de que la vivienda digna es un privilegio, no un derecho.
El cierre de PROCREAR es más que una medida económica; es una declaración de principios sobre el rol del Estado en la garantía de derechos fundamentales. Es el fin de una política que, con sus virtudes y defectos, encarnaba la posibilidad de un futuro mejor para muchas familias. Y en su lugar, queda un vacío, una hipoteca sobre los sueños de quienes hoy ven cada vez más lejana la posibilidad de tener un techo propio. Es un retroceso que el tiempo, y lamentablemente muchas familias, sentirán profundamente.


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