La Corte de Salta definirá los límites de las detenciones por sospecha

La Corte de Justicia de Salta tiene en su mesa un debate fundamental sobre los límites del poder policial: la legalidad de las detenciones contravencionales realizadas sin orden judicial y basadas únicamente en presunciones. La discusión se impulsa a través de un habeas corpus colectivo presentado por el Centro Comunitario ALFA y la Asociación Gremial de Abogados de la Argentina, al cual se sumó un influyente amicus curiae (amigo del tribunal) de la Mesa de Derechos Humanos de Salta.

El amicus curiae, explicado por el abogado Agustín Colque, es una herramienta procesal que permite a personas u organizaciones ajenas a la causa aportar una opinión técnica fundada para ilustrar a los jueces en decisiones de gran interés público.

El planteo busca que la Corte restrinja las prácticas policiales que permiten demorar a personas simplemente por suponer que podrían cometer una contravención. Según Colque, estas prácticas violan "libertades básicas, la libertad personal, el trato digno y el principio de inocencia".

El abogado fue contundente al afirmar que el marco legal que habilita estas prácticas es deficiente, permitiendo que se "detenga sin orden judicial, sin juicio previo y sin cumplir los estándares mínimos que exige la Constitución". Estas detenciones sistemáticas afectan desproporcionadamente a personas pobres, en situación de calle y al colectivo travesti trans, aunque la práctica puede alcanzar a cualquiera por un simple prejuicio del agente.

Un concepto clave introducido en el amicus curiae es el de "identicidio". Colque lo describe como una práctica estatal que busca negar, anular o disciplinar determinadas identidades, aplicándose no solo por identidad de género, sino también a "sectores populares, a personas racializadas o que viven en barrios estigmatizados".

El planteo judicial recuerda que las detenciones cuestionadas no cumplen ni con la Constitución Nacional ni con los tratados internacionales de derechos humanos, sometiendo a la privación de libertad a personas que jurídicamente son inocentes.

El caso paradigmático de Álvaro Arias Camacho, abogado del Centro ALFA, detenido por filmar un operativo en defensa de su esposa, ejemplifica cómo estas prácticas afectan incluso a quienes intentan ejercer sus derechos. El fallo de la Corte, aunque no podrá modificar directamente la ley, enviará un mensaje claro al sistema político sobre los límites a estas prácticas, contribuyendo a que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos fundamentales.