Violencia institucional, fondos públicos y poder: qué hay detrás de la denuncia contra Chibán y Milinkovic

La denuncia penal presentada por Deborah Paola Sánchez, presidenta de la Asociación Salteña de Vóley, contra Sergio Chibán, titular de la Agencia de Deportes de Salta, y el exdeportista Marcos Milinkovic, no solo revela un posible hecho de corrupción. Expone un entramado más profundo: una forma de ejercer el poder en la provincia, que combina violencia simbólica, manejo discrecional de fondos públicos y silencios cómplices del Estado.

Según consta en la denuncia judicial, la dirigente fue citada a una oficina céntrica para una reunión donde, frente a testigos y funcionarios —entre ellos, la asesora Claudia Vázquez y el propio Milinkovic—, se le habría propuesto canalizar 90 millones de pesos estatales a través de la asociación que preside. Pero el dinero no sería para el deporte local: debía ser entregado, en partes, a Chibán y Milinkovic, quienes lo manejarían como consideraran. Ante la negativa, se habrían producido amenazas y frases intimidatorias como “cuando Chibán da su palabra, la cumple hasta matar”.

La gravedad del hecho no radica solo en el eventual delito de coacción, amenazas y administración fraudulenta de fondos públicos, sino en el marco en el que se habría desarrollado: una dependencia del Estado. El lugar en sí convierte el acto en un ejemplo de violencia institucional de género, dado que la presión y el hostigamiento se ejercieron contra una mujer dirigente que ocupa un espacio de poder —aún minoritario— dentro del deporte provincial.

Este no es un episodio aislado. Forma parte de una lógica de poder extendida en algunas áreas del Estado salteño, donde la falta de controles, la cercanía con el poder político y la impunidad generan condiciones ideales para maniobras de esta naturaleza. El silencio hasta ahora del Ministerio Público Fiscal, que no ha iniciado ninguna investigación de oficio, alimenta la sospecha de una red de encubrimiento o, al menos, de una ceguera institucional funcional al status quo.

Más allá del espectáculo que pueda ofrecer este caso, lo central es preguntarse:

• ¿Qué cultura política permite que se intenten este tipo de maniobras?
• ¿Quiénes son los actores que deben garantizar que el dinero público se use con transparencia?
• ¿Por qué los mecanismos institucionales no se activan, incluso ante denuncias públicas con audios, testigos y pruebas documentadas?

Sergio Chibán no es un funcionario cualquiera: es un dirigente con fuerte peso en el deporte y vínculos estrechos con distintos sectores del poder político. Marcos Milinkovic, por su parte, representa la figura del exdeportista convertido en gestor, aunque ahora su nombre se asocie a frases como: “¿Querés que la midamos?”, una expresión cargada de misoginia que también figura en la denuncia.

Interpretar este caso es interpretar una forma de hacer política y de gestionar lo público en Salta. Una forma en la que los límites éticos y legales parecen difusos, y donde las mujeres que los desafían son castigadas no solo con gritos, sino con el intento de expulsarlas del sistema. Y en ese espejo, se reflejan muchos otros casos silenciados.