Legislatura salteña exige garantías para el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos se eleva en la Legislatura salteña. La diputada Gladys Paredes (Bloque Más Salta) presentó un Proyecto de Declaración que, con tono de exigencia, insta al Poder Ejecutivo Provincial y a los Legisladores Nacionales por Salta a realizar las gestiones urgentes ante la Secretaría de Salud de la Nación. El objetivo es claro: garantizar de forma irrestricta el normal funcionamiento en la provincia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nacional 25.673).

La iniciativa de la diputada Paredes no es una mera solicitud; es un llamado de atención ante lo que se percibe como una potencial vulneración de derechos fundamentales. La Ley Nacional 25.673 es la herramienta esencial para la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y del VIH, pilares de la salud pública y la autonomía de las personas.

La preocupación radica en que cualquier falencia, interrupción o merma en la operatividad de este programa no solo afecta el acceso a información vital y a métodos anticonceptivos, sino que socava directamente la capacidad de la población para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera segura y libre. La interrupción de su pleno funcionamiento no es un problema administrativo; es una regresión en materia de derechos humanos que impacta desproporcionadamente en las poblaciones más vulnerables, poniendo en riesgo vidas y reproduciendo desigualdades.

El Proyecto de Declaración ya cuenta con dictámenes favorables de las Comisiones de Salud y de Hacienda y Presupuesto, lo que evidencia un consenso legislativo sobre la criticidad del tema. Sin embargo, este respaldo debe traducirse en una acción política inmediata y contundente.

La presentación de este proyecto subraya la inquietud creciente en torno a la continuidad y los recursos de programas nacionales vitales en el ámbito provincial. Es una intervención política necesaria que exige a todos los niveles del Estado asumir su responsabilidad indelegable de proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de cada habitante de Salta, asegurando que el acceso a la información y a los servicios no sea una utopía, sino una realidad cotidiana.