Diputados nacionales debatirán una ley que limita el uso de los DNU

El presidente Javier Milei dictó, en a penas 10 meses de gobierno, 43 decretos de necesidad y urgencia (DNU). Una situación insólita, solo durante la Pandemia del 2020 se llegaron a esos números.

La discusión inicia hoy a las 17 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen Nicolás Mayoraz (LLA), y Silvia Lospennato (Pro). Los libertarios y sus aliados de Pro se vieron obligados a convocar a ambas comisiones luego de la exposición pública que hicieron los bloques opositores en la última sesión.

El propósito de la iniciativa es modificar la ley 26.122, sancionada en 2006 que reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional. El objetivo es cambiar el criterio por el cual la única posibilidad de derogar un DNU es con el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas. Este artilugio permite que los decretos emitidos por el presidente queden firmes con el silencio de ambas cámaras o bien con el aval de una sola cámara del Congreso.

Este mecanismo legal permitió desde ese entonces, a todos los gobiernos, gobernar sin enviar las leyes al congreso para que antes de ser aprobadas, sean debatidas. Hasta el mes pasado, ningún DNU había sido rechazado por las cámaras. El mes pasado el Congreso rechazó el DNU por el cual el presidente Milei aumentó en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Son 15 los proyectos presentados: la mayoría de ellos propone un plazo –que varía entre los 30, 45 y 60 días- para que el Congreso se expida sobre la validez de un DNU; en caso de que no haya una definición, el decreto perdería automáticamente su vigencia. 

Se dice que desde el bloque de la Unión Cívica Radical se propondrá prohibir el dictado de megadecretos, esto es, decretos que aborden en un solo texto distintas temáticas. Ejemplos de este caso es el DNU 70/23, conocido como "Ley bases", que dictó Javier Milei al inicio de su gobierno. Este decreto se rechazó en el Senado pero sigue vigente porque la Cámara de Diputados no se expidió al respecto.

La oposición deberá encontrar puntos de coincidencia en un texto común que apunten a limitar el uso de los DNU por parte del Poder Ejecutivo sin victimizar al gobierno libertario privándolo de una herramienta que, en definitiva, han utilizado los sucesivos gobiernos.