Más denuncias de corrupción alrededor de Milei: le tocó el turno a Bussi en Tucumán

En el Jardín de la República, florecen las verdades en torno al gobierno provincial y el mal manejo de los fondos del PAMI.

Un centro médico muy poco conocido y sin prestaciones de alta complejidad, le facturó al PAMI, 2500 millones de pesos en ocho meses. La denuncia apunta contra funcionarios libertarios y también al bussismo aliado al gobierno nacional en la provincia vecina.

Sanarte SRL es un centro médico ubicado en la capital tucumana, que atienden a pacientes cuya obra social es PAMI. El centro de servicios médicos de baja complejidad se encuentra a cargo de Guillermo Isa Massa.

En noviembre del 2023, el centro médico le había facturado 42 millones de pesos a los afiliados del PAMI. Un año más tarde, luego del inicio de la gestión del actual gobierno provincial, ese número llegó a $228 millones. En Julio de este año, la cuanta de la obra social para jubilados alcanzó los $497 millones.

Sorprende el número de facturación, pues las prestaciones que ofrecen, al no ser de alta complejidad, no podrían llegar a esa cifra. Una auditoría descubrió que el centro médico realizaba sobre prestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo, además de solicitar en exceso medicamentos cuyo destinatario final se desconoce.

Además, se dio a conocer que el centro médico realizaba maniobras burocráticas que hacían que los pacientes de PAMI consumieran todas las prácticas y recetas que tenían disponibles para todo el mes. 

Aún no se hizo pública la denuncia de un posible desfalco, más ya se sabe que se vinculan a la causa funcionarios cercanos a Bussi. En la causa resaltan los nombres de funcionarios como Martín Fernández Gonzáles, quien maneja el organismo en la provincia desde mayo y ya fue separado del cargo, el gremio de empleados del PAMI y el legislador provincial Ricardo Bussi, de La Libertad Avanza.

Fuentes cercanas al caso, afirmaron a medios locales que se podría estar ante la comisión de varios delitos, tales como fraude contra la administración pública, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros, por unos 1.500 millones de pesos.