Hoy el Senado “vería con agrado” aprobar la Ley Antipiquetes

Hoy el Senado de la provincia tiene la responsabilidad histórica de aprobar -o no- la Ley Antipiquetes que regularía en la provincia el derecho a la circulación. Desde la noche anterior, docentes acamparon en la Plaza Güemes para reforzar el rechazo de los trabajadores estatales autoconvocados que aún siguen en lucha; lo que provocó que desde temprano -sin importarle interrumpir el tránsito- la policía se hiciera presente para vallar le perímetro que rodea la Cámara de Diputados. 

El proyecto ‘descajoneado’ es de autoría de Cristina Fiore y tiene por objetivo “conciliar el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, el derecho a la reunión, para lo que deberá peticionar ante las autoridades el uso de espacios públicos, junto al derecho a la libre circulación, la preservación de la integridad física, la propiedad pública o privada ante el desarrollo de manifestaciones públicas de cualquier naturaleza”. Y surge en el peor momento que podría tratarse: en medio del conflicto docente y con los trabajadores de la salud, que transitan su tercera semana de paro. El gobierno provincial, lejos de apostar al diálogo, convocar a los delegados de autoconvocados, llegar a un acuerdo y hacer uso de la principal herramienta a disposición para solucionar el conflicto -la política-; refuerza su postura tosca, soberbia y autoritaria de no dar brazo a torcer.

Pero en este modo de gobernar que inaugura Sáenz, le hará valer los acompañamientos oficialistas para repartir culpas y desconcentrar la responsabilidad. Villada, Dib Ashur y Cánepa fueron los primeros en dar batalla, en la conferencia de prensa de la semana pasada; sin embargo, no alcanzó, y acudió a otro lugar, donde a fuerza de mayoría obsecuente, el oficialismo es bienvenido: la legislatura. Darle una sanción express a este polémico proyecto de ley es la búsqueda no sólo de darle una nueva herramienta para avanzar en la represión, sino también reforzar el mensaje del gobierno provincial a la lucha de sus trabajadores. 

Con una inflación que no deja vivir, la frustración y el odio como parte del humor social por la crisis económica, no cayó para nada bien no sólo saber los exorbitantes sueldos de los representantes políticos, sino políticos que lejos de enrojecerse frente al pueblo que no llega a fin de mes, salen a defender su bolsillo, su privilegio y sus ingresos. La gran incógnita es la siguiente: ¿Qué hubiera pasado si todo este contexto llegaba a su clímax tan sólo una semana antes de las elecciones?

Las reflexiones vendrán después y los tiempos apresuran. La ley busca salir cuánto antes y ha despertado una sesión de gran debate que ha demostrado el martes pasado por un lado, el accionar corporativo de los hombres más fuertes de Sáenz en el recinto, pero también la disidencia de legisladores del propio esquema, que a pesar de la orden del espacio, se ha abstenido de votar y hasta algunos se han retirado para no verse expuestos.

Otros hechos insólitos se han visto en esta última sesión, como al propio Gustavo Orozco, ex policía, y ex Jefe de la Brigada de Rosario de la Frontera acusado de tortura y violencia, corriendo por izquierda al gobierno provincial, lo que habla de la impronta y la cara que construye esta nueva etapa gubernamental de Sáenz: un fuerte conservadurismo que no le tiembla el pulso para ordenar a su justicia y legisladores la represión.

Las principales posturas de Diputados

Aunque la iniciativa recibió el martes pasado la media sanción, se abstuvieron los bloques Ahora Patria (Roque Cornejo y Julieta Perdigón), PRO (Sofía Sierra), Unión Salteña (Matías Monteagudo y Santiago Vargas), Salta Independiente (Bernardo Biella) Todos (Jorgelina Juárez, Franco Hernánez Berni, Jorge Restom y Pablo Gómez), Cambia Salta (Gustavo Orozco) y algunos de tintes más oficialistas como Memoria y Movilización (David Leiva), parte de Más Salta (como Alejandra Navarro) y oficialistas como Ana Laura Córdoba, Nancy Jaime, Fabio López, Azucena Salva, Daniel Sansone, Adrián Valenzuela, Javier Paz y Marcela Leguina.

“Lo hemos analizado el año pasado en un momento que Salta atravesaba una situación de importantes números de cortes, en abril del 2022: 98 cortes de calle, el 75% en Capital, 388 cortes de ruta, el 65% en San Martín y Orán y 1950 manifestaciones con más de 7 mil efectivos policiales que tuvieron que intervenir”, alertó Socorro Villamayor, cuando presentó el proyecto. Desde el 8M a las marchas “de pañuelo verde o celeste”, “ideológicas y de principios”, pero que en definitiva “afectan derechos fundamentales”. Remarcó como uno de los puntos centrales de la ley que quienes busquen manifestarse, deberán peticionar a las autoridades a través de una especie de “autorización”. Aunque la novedad sería el procedimiento que se habilitaría cuando la movilización no cuente con este permiso…

Quien señaló que esta solicitud previa entra en contradicción con lo dispuesto por la Corte Interamericana de DDHH fue Cornejo, ya “que el ejercicio de la protesta social no deje sujetarse a una autorización de las autoridades, que no es compatibles con derecho de reunión ni libertad expresión; el aviso justificado sobre la base de ofrecer protección no puede ser un mecanismo encubierto para la criminalización”. “Esto es llevar al pueblo a las corridas y es peligroso, no podemos defender esto desde la democracia y las instituciones republicanas”, aseveró el olmedista.

Sierra por su parte reclamó que recibió el proyecto media hora antes de la sesión, situación que denunciarían varios legisladores como Daniel Sansone o Ana Laura Córdoba, ambos oficialista. “En medio de una protesta social queremos tratar esto, es un desatino abordarlo a las apuradas, no tuvimos tiempo ni de leerlo”, sentenció. “La gente se queja de la política, de nuestros trabajos sueldos y aquí estamos actuando con irresponsabilidad total al tratarlo así. Una cuestión social donde el estado se tendría que estar haciendo cargo, prefiere compartir costos políticos con la legislatura”, enfatizó la diputada PRO.

“Me llamó la atención porque somos dos las autoras de este proyecto”, confesó Cristina Fiore; es decir que ni siquiera la autora sabía que se trataría su ley. Aunque desde que se distanció de Avancemos, los gestos para con el gobierno provincial han sido numerosos de su parte. La ¿ex? renovadora se centró en explicar los ejes del proyecto, como el de garantizar el derecho a transitar libremente y remarco que según la legislación propuesta, las fuerzas de seguridad deben estar identificados con nombre y apellido, y sobre todo, “evitar que todo sea un caos; pedir autorización evitaría la anarquía y protegería a la persona que reclama”. Frente a cualquier manifestación se deberían presentar los funcionarios, se lleva a cabo una mediación “y si no llega a funcionar, se da autorización al Ministerio Público Fiscal”. “En lo personal hoy no lo hubiera tratado, pero básicamente no lo hicimos con esa intención”, afirmó sobre la propuesta.

“No es el momento para discutirlo. Venimos de San Martin donde hace 26 años vivimos de corte de ruta en corte, no podemos cuantificar el daño que han hecho los cortes de ruta, pero las causas siempre han sido la búsqueda de una oportunidad para mejorar, el trabajo, la salud, la educación y el porvenir económico de un departamento que se hundió en los ‘90”, dijo a su turno el radical Vargas. “¿Por qué a los salteños capitalinos le cortan Aunor? Tenemos que discutir esto: esta es la sensación, la orden que dio Zunino no se replicó en otros puntos de la provincia”, afirmó y aseguró que el proyecto debía volver a ser tratado en comisión.

“Tratar este proyecto hoy es una decisión que va a trasladar el costo político, cuando la solución e debe dar a través de la política, a través del diálogo. Yo menos que nadie estoy de acuerdo con los cortes y este proyecto no deja de ser excelente, pero no es correcto”, dijo a su turno Gustavo Orozco. “No tiene porque esta Cámara hacerse cargo de semejante costo político. Imagínense tratar de disciplinar a esta gente de esta manera, solo vamos a lograr más problemas, más caos en las calles, solo vamos a lograr más enfrenamiento entre la policía y la gente; los policías tratando de hacer cumplir esto que se trata de establecer, y aquello que entienden que no son escuchados”, analizó el rosarino. “Disciplinar a los docentes con esta ley, es como tratar de sentar a los docentes a través del látigo”.

Ante las críticas, fue el propio presidente del cuerpo, Tuty Amat, quien bajó a una banca a responder y criticar, como nunca. Si faltaban pruebas de que la ley debía salir sí o sí, la intervención del viñense fue clara. “Todos dicen muy bueno el proyecto, es lo único que escucho de los que se abstuvieron, pero no es el momento, ¿cuándo es? Es una ley que estaba archivada”, sentenció. “Me toca de cerca el tema de la movilización y algunos están queriendo malinterpretar y desvirtuar para hacer política, para decir ‘que los maestros no me reten en mi pueblo cuando vayas, en Facebook que no me vayan a decir algo’ y no hay que identificar esta ley con el tema de los maestros que salen a movilizarse”, compartió Amat. Sin embargo, advirtió que en las marchas “hay infiltrados que hacen desmanes, hacen quedar mal a los maestros que no van a cortar rutas, a insultar, a meterse con nadie, ocasionan que la gente empiece a dudar d nuestros educadores”, aseveró.

Para cerrar el tratamiento, Villamayor afirmó que el fin último de la ley es “pacificar conflictos”. De hecho, remarcó que el proyecto “limita el ejercicio de la fuerza policial y lo establece como último recurso, en la medida que la manifestación se desarrolla en armonía, la fuerza policial es el último recurso”. En vano buscó convencer a sus pares que la intención de la ley “no surge en relación de los docentes”; “sólo busca un marco de orden dentro del estado derecho”, señaló.

Cual maestra ciruela, la legisladora apuntó contra los olmedistas que no acompañaron el proyecto, “y que estén a favor de los cortes de rutas; a los kirchneristas, les citó a la propia Cristina Fernández; “ella misma dijo que tiene que haber un régimen de convivencia, que diez personas no pueden cortar la calle, por más reclamo que tuvieran”. Y hasta a los docentes los criticó, a quienes les pidió que respeten la representación gremial “que está legitimada”, pidió pensar en los niños, “ellos son los que salen perdiendo” y hasta aseguró que se profundiza la desigualdad con la educación privada, ya que en los establecimientos de gestión pública no avanzarán con los contenidos previstos. Reivindicó la gestión de Sáenz y resaltó que, así como hace años los docentes tenían paritarias cada dos años, este año ya tuvieron dos. “Se ha confundido una realidad triste en relación con un numero de autoconvocados con el espíritu de este proyecto, que es más amplio y abarcativo, no surge como consecuencia de la realidad de estos días”, quiso convencer Villamayor.