Docentes y trabajadores de la salud unidos: Un lunes histórico asoma en Salta

Crónica de un fin de semana intenso: medios y voceros operando, una innegable búsqueda de despotricar contra el reclamo, visibilizando que de las movilizaciones y asambleas participan dirigentes y militantes políticos ¿Acaso eso le resta legitimidad? La construcción de un relato que criminaliza a los docentes y trabajadores de la salud. Una jueza que da la orden de represión y tres funcionarios que, cuidando las espaldas de Gustavo Sáenz, lejos de habilitar el diálogo, con soberbia y autoritarismo, quieren obligar a los docentes a volver a las aulas y descontarle los días de paro.

29/05/2023 Peperina
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Foto: Juan Leandro Herrera

“¿Lo dice usted o prefiere que lo diga yo?”, dijo Roberto Dib Ashur, ministro de Economía y Servicios Públicos, a sus pares Matías Cánepa, ministro de Educación y Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo. Ante la indiferencia, no le quedó más que endurecer los gestos de su rostro y dijo severamente, mirando a cámara: “Bueno, lo digo yo. Sí se va a descontar. Día no trabajado, día no pagado”. Si bien habían intentado esquivar la pregunta, no pudieron guardarse la respuesta. La medida que busca disciplinar a los docentes, luego de las movilizaciones, cortes de ruta y paros, tiene por objetivo que ese lunes 28 de marzo todos estén en las aulas, como si nada hubiera pasado. Pero, para desdicha del oficialismo provincial, pasó.

Los tres funcionarios simulaban en Casa de Gobierno una conferencia de prensa de último momento, que sólo notificó y convocó a la prensa obsecuente y bien auspiciada a hacer sus preguntas, para anunciar el acuerdo salarial resuelto entre el gobierno provincial y la Intergremial Docente. “Acordamos un aumento del 12% en mayo; 11% en junio, 11% en julio, que es un 34% para los próximos 3 meses y un bono de 60 mil pesos, una parte en julio y otra en junio”, informó el contador. La importancia de esta paritaria es que marca la cifra del sueldo a la administración pública en Salta, dependiendo por tanto amplios sectores de lo que se determine en estos encuentros, por más que hoy los trabajadores de la educación parecieran luchar en soledad.

Mientras tanto, en las calles se hacía historia con la Marcha de las Antorchas, donde cientos de docentes, acompañados por estudiantes y ciudadanos salieron a las calles en repudio a la represión de docentes en el ex peaje Aunor y la detención de 19 personas. Por supuesto que entre ellos caminaban organismos, agrupaciones, instituciones y también habían militantes y dirigentes políticos de distintos espectros políticos ¿Acaso esto le resta mérito a las demandas docentes? ¿Justifica la represión? ¿Deslegitima el fin último, que son mejores salarios? Creer esto, es comerse la retórica cínica del oficialismo provincial que a través de las herramientas a su alcance -los medios de comunicación y la justicia-, buscan construir.

 ¿Por qué lo cuidan tanto a Cánepa? 

Cánepa, quien guarda una vieja amistad con Gustavo Sáenz y tiene la bendición de Mario Antonio Cargnello, es decir, del Arzobispado de la Iglesia Católica, remarcaba una y otra vez la cantidad del presupuesto que el gobierno destina a la Educación y que “el de Salta, es de los mejores sueldos del país para los docentes”. Los docentes lo recuerdan de meses atrás, cuando los recibió, pero luego cortó diálogo completamente. “¿Cómo puede seguir en el gobierno?”, se preguntan propios y ajenos. Un ministro desconocido, incompetente, ubicado para gerenciar una cartera crucial para el desarrollo de la provincia.

“Siempre los reclamos son válidos en una sociedad democrática, pero el corte de ruta perjudica a toda la comunidad que quiere transitar libremente, no hay una justificación para buscar una solución en un corte”, aseveró Cánepa, quien afirmó que esto es “romper cualquier diálogo”.

Ellos los malos, nosotros los buenos 

Quien aprovechó sus cinco minutos de fama, fue Ricardo Villada. No le habló ni a la docencia, ni a los dirigentes políticos, sobre quienes buscó construir la idea de delincuentes. Su mensaje fue a la sociedad: un gobierno víctima de la situación, rehén de los dirigentes políticos que participan de las movilizaciones, que señala con el dedo al chivo expiatorio de la paz y convivencia salteña, estos subversivos: los docentes.

“Los días que han pasada nos han llenado de preocupación y de tristeza, porque somos un gobierno que desde el primer día que asumimos nos planteamos el enorme desafío de reivindicar a los docentes”, sostuvo acompañado de una forzada cara de preocupación. 

El ingeniero denunció que muchos dirigentes políticos “trataron de obtener lo que no obtuvieron en las urnas el pasado 14 de mayo”. “No se explica por qué van a la ruta con una piedra en la mano, con agua con lavandina, yo sé que no son los docentes. Es para que se entienda, porque hay miles de salteños que no entienden lo que están pasando”, aseveró Villada y afirmó: “Está pasando que la política está metiendo la cola debajo de las polleras de las maestras, con mezquindad y poca grandeza, para actuar de esta manera”.

En el mejor modo víctima, le pidió a esos “dirigentes” a quienes responsabilizó de la violencia con la que se reprimió, que “respeten la voluntad de los salteños, con más grandeza y menos mezquindad, dejen que en este proceso de diálogo podamos entendernos de la manera en que venimos haciéndolo en estos años”. El ministro aseguró que los “llena de tristeza la represión de Aunor” y hasta dijo incluyéndose “muchos nos identificados con el campo popular”, “pero no podemos vivir en una provincia donde el corte sea la única alternativa”, reclamó. 

Un protocolo anti-protesta para la represión 

Villada reivindicó el protocolo anti-protesta “para que exista el derecho a protestar y a circular”. El polémico decreto con el que entró de lleno a jugar Marcelo Domínguez, aduciendo que primará el diálogo, que no buscarán tratar a los manifestantes como delincuentes, y que tuvo como laboratorio a Orán y San Martín, es decir, el norte provincial, por ser escenario de intensos levantamientos de ciudadanos por los tarizafos en las boletas y la crisis hídrica hace unos meses nada más; echó por tierra que no es más que una herramienta para criminalizar el legítimo derecho al reclamo. 

“Lo que pasó en Aunor fue una búsqueda de generar un conflicto y no me refiero a docentes autoconvocados, a los maestros iniciales que tiene salarios bajos que no alcanzan a la canasta básica, sino a los que instigaron para que haya problemas”, aseguró el funcionario, quien remarcó: “Pero de las personas detenidas, la mitad no eran docentes”, acusó. Además, pidió a los padres que acompañen la postura del gobierno “por esa Salta en paz”, rogó.

Un proceso viciado de irregularidades

Ese día, horas antes de la Marcha de las Antorchas y el descargo del gobierno, Sandra Domene, abogada de siete de detenidos en el ex peaje Aunor, denunció las irregularidades del proceso; tanto del operativo policial, como del poder judicial. La letrada habló luego de que terminará la audiencia de imputación, donde se dio la orden de libertad; pero los 19 implicados quedaron imputados por “entorpecimiento de vías de transporte y desobediencia judicial”.

“De los siete que represento, a cinco no se les leyó el acta de conocimiento de detención y se les falsificó que se negaban a firmar porque nunca se leyeron, que son los que estuvieron en el camión hasta las 3 de la mañana Eso se puso en conocimiento del juzgado de garantías”, informó la letrada, como parte de las inconsistencias que advirtió en la detención arbitraria.

En medio de una muchedumbre que buscaba certezas y se horrorizaba frente a estar viviendo en democracia la temerosa incertidumbre sobre qué pasa con los detenidos, por qué, qué hizo, con megáfono en mano Domene dio cuenta de serias irregularidades: “Mientras tomaban la audiencia de imputación en el segundo piso, le hacían el control de legalidad en planta baja a otro y yo tenía que estar yendo y viniendo. A una le hicieron el control de legalidad, que está lesionado y en el momento de detención le dejaron los senos al aire porque le levantaron la ropa y yo estaba afuera y no me dejaban entrar”.

Policías que corretean docentes 

Domene expuso que no hubo juez de Detenidos, cuando tenían 19 personas detenidas y además, la jueza de garantías Ada Zunino tampoco estuvo. La jueza, con larga trayectoria de haber fallado por los poderosos en los momentos que actúo, se hizo presente horas antes de la represión en el ex peaje Aunor para dictar la orden de que despejen la ruta, los docentes acataron y se ubicaron en la banquina. La magistrada, abanderada del “libre derecho a circulación”, les dijo que se vayan del lugar, puesto que no respondería. Ante la firmeza de los docentes, que ya llevan días acampando en el lugar, se retiró no sin antes “liberar” el lugar: es decir, dar piedra libre a la policía y habilitar la represión.

 “En el momento de detención a una de mis clientas, policías masculinos la corrieron 300 metros por la banquina y la sacaron de adentro del cementerio, cosa que nunca debió pasar”, sentenció Domene quien denunció el modo de operar de los policías esa noche: empujaban a los manifestantes para que pasen a la ruta, y así poder llevarlos detenidos. De esto se trató la cínica decisión de Zunino.

“Tenemos que probar que los corretearon, empujaban, que los rodearon para llevarlos a la ruta. Si hay lesionados, es porque los operativos no se hicieron como corresponde”, sentenció la abogada. Por otra parte, al momento de las actuaciones no se permitió el ingreso de Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, por lo que Domene solicitó al Ministerio Público Fiscal, y su responsable, el procurador Pedro García Castiella, “que arbitre los medios para resolver que los docentes queden sin imputaciones porque los afecta en su trabajo”.

“Esto es personal policial contra docentes, pero la lucha docente beneficia al personal policial; es lógico que se ponga al ministro de Economía y Educación, que reciba a los delegados para mediar y resolver de forma eficiente”, sentenció la letrada.

Contra la imputación de los 19 detenidos 

“Hay que pelear que se levante la imputación porque estaban en la banquina”, resaltó la abogada y adelantó que el día lunes se aportarán videos para identificar a los imputados y probar que estaban en la banquina, como así también demostrar que hubo personal masculino deteniendo a mujeres “cuando eso está prohibido”.

La letrada adelantó que planteará la incompetencia “porque es ruta nacional, no corresponde que intervenga el poder ordinario”. “Cuando la jueza se apersonó, la ruta se abrió, se desalojó y se fueron a la banquina. Como ella sabe que es incompetente, se justificó diciendo que se lo había pedido una persona, pero, se les dio paso a las personas enfermas; se nos tendría que haber informado, no había que justificar la orden, ya no había competencia”, explicó Domene.

 Lunes, otra vez… 

Los servicios de inteligencia cada vez operan más, mucho más cuando se tratan de luchas sociales. Buscan romperla desde adentro y desde afuera. En los grupos de WhatsApp, en los perfiles truchos de Facebook y de los voceros del gobierno, circularon decenas de videos que señalaron, con el dedo del castigo, a militantes y dirigentes políticos que son parte de la movilización docente. Sus nombres no vienen al caso, pues sería caer en la lógica del punitivismo social que busca el gobierno. Se trata de referentes de la Capital y del interior, muchos de la izquierda, estudiantes de la Facultad de Humanidades, algunos trabajadores de la prensa, candidatos del kirchnerismo y dirigentes del campo popular (de hecho, llamaría la atención que estuvieran implicadas figuras de la derecha o el conservadurismo local). En ellos se busca señalar los promotores de la desestabilización, como hablan los medios de comunicación, que difunden videos recortados de docentes que reclaman en las rutas del interior y difunden confusas grillas sobre cuánto cobra un docente que recién inicia, para que, en una provincia como la nuestra acostumbrada a los sueldos de miseria, se indigne contra el docente que pide un mejor ingreso. En vez de discutir el reclamo, hoy se discute si hay dirigentes políticos, los sueldos son el foco de la indignación popular en esas grillas descontextualizadas que no explican si se habla del básico, cuánto se descuenta, cuánto gastan las maestras en sus aulas, sus materiales de trabajo, los de sus estudiantes a su cargo.

La soberbia del Sáenz y su gabinete los lleva a deslegitimar la política, como si no fuera esta la única garante de que deje de escalar el conflicto. Hoy se busca ubicar a la política como lo malo, lo perverso, lo sucio, olvidando lo caro que le costó a nuestra historia desterrar a la política de ese lugar oscuro. La política como la herramienta para construir consensos, es la única dimensión que habilita -no negar, sino- reivindicar que hay intereses distintos, que está bien, y que, pese a ello, se puede dialogar, escuchar y llegar a un acuerdo entre las partes. El autoritarismo, la represión y el hermetismo con el que hoy juega el oficialismo, no son la respuesta, ni para la docencia, ni para los profesionales de la salud, ni para una mejor sociedad. 

Este lunes una convocatoria mucho más grande que la del viernes y la del sábado se apoderará de la ciudad, desde las 10 de la mañana. La lucha dejó de ser sólo de los docentes, y los consejos educativos, organizaciones nacionales del sector y los establecimientos educativos adhirieron orgánicamente a esta marcha, que ya tiene que ver con la defensa de la educación pública. No hay que olvidar otra gran columna de esta movilización, que son los trabajadores de la salud, los profesionales, los equipos de salud autoconvocados, quienes marchando en la lucha por el ninguneo de Federico Mangione, ministro de Salud Pública, se cruzaron con los docentes y confluyeron en el reclamo. Hoy salud sigue de paro y convocará su gente a marchar. El tono desafiante de Dib Ashur, Cánepa y Villada sólo ratificaron que lo último que busca Sáenz es una solución pacífica; puesto que, en principio, no hubiesen anunciado que descontarán los días a los docentes que adhieren al paro, mientras que esos ejercen su derecho legítimo a la protesta. A los salteños nos faltan trabajadores estatales, de la educación y la salud, bien pagos y a Sáenz, la decisión política de recibirlos.

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