Fuerte polémica por el sector exclusivo para políticos y famosos en la misa papal

La presencia de políticos del gabinete nacional, funcionarios porteños, empresarios e influencers en un sector exclusivo con servicio de gastronomía durante la celebración litúrgica desató fuertes críticas sociales y el enojo de la Conferencia Episcopal, en medio de cruces de responsabilidad entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires por una contratación millonaria.
La multitudinaria misa oficiada por el papa León XIV en la zona del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, quedó envuelta en un encendido escándalo político y social tras revelarse la existencia de una "carpa VIP" con catering de alta gama, pulseras de acreditación y ubicación preferencial frente al altar. El acceso exclusivo para funcionarios, legisladores, empresarios y celebridades de la farándula contraste fuertemente con las horas de espera al aire libre que debieron realizar los miles de fieles que acudieron al predio.
La polémica cobró escala nacional cuando diversos influencers y periodistas de espectáculos —entre ellos Yanina Latorre, Valeria Mazza, Carolina "Pampita" Ardohain, Florencia de la V y Claudia Villafañe— compartieron en sus plataformas las "Guías para invitados" expedidas por la Dirección de Protocolo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). La difusión de las imágenes de mesones con medialunas, budines y servicios de hospitalidad desató un repudio generalizado en redes sociales, forzando la intervención pública del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien intentó relativizar el hecho admitiendo que "algunos servicios estuvieron de más", aunque justificó las áreas protocolares para recibir autoridades y comunicadores.
El evento derivó en un cruce de acusaciones entre la Casa Rosada y la sede del gobierno porteño en Uspallata. Fuentes del gobierno de Javier Milei —cuyo gabinete estuvo presente en pleno en el sector reservado, incluyendo a ministros como Luis Caputo, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger— se despegaron de la presencia de figuras del espectáculo, afirmando que su listado institucional se limitó a autoridades nacionales, gobernadores y miembros de la Corte Suprema. Por su parte, desde el GCBA reconocieron que administraron un cupo de 250 acreditaciones especiales para empresarios, exfuncionarios y comunicadores, pero aclararon que la provisión de la carpa y la logística de alimentos correspondió al contrato integral adjudicado por la Nación.
La producción general del evento religioso y la vigilia juvenil fue adjudicada por la Jefatura de Gabinete de la Nación —a cargo de Diego Santilli— a la firma DF Entertainment por un monto de 8.690 millones de pesos. El ostentoso despliegue generó un profundo malestar en la Conferencia Episcopal Argentina, cuyas autoridades solicitaron a la organización que la estructura del área privilegiada fuera desplazada lo más lejos posible del presbiterio para evitar romper con el sentido de austeridad y equidad de la celebración comunitaria.
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