Paro nacional docente tras el feminicidio de la maestra y directora Nancy Godoy

El brutal femicidio de la maestra rural Nancy Godoy tras semanas de abandono oficial, desidia ministerial y coacción en un coto de caza privado desnuda la violencia estructural que sufren las trabajadoras de la educación en las zonas más aisladas del país.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Nancy Estela Godoy, de 52 años, en las inmediaciones del paraje El Malezal, en la jurisdicción correntina de Esquina, sacudió a la opinión pública y transformó la exigencia de justicia en un grito de alcance nacional. La docente, que cumplía el rol de "personal único" —ejerciendo simultáneamente como directora, maestra, portera y cocinera— en la Escuela N° 626, ubicada dentro de los límites de la exclusiva estancia ganadera y coto de caza El Curupí, fue hallada semisumergida en un viejo potrero a 15 kilómetros del establecimiento tras veintiún días de intensa incertidumbre.

La inaccesibilidad del terreno, desprovisto de caminos transitables y señal de telefonía celular, obligó a los fiscales intervinientes, Javier Mosquera y Andrea González, a trasladarse en helicóptero hasta el epicentro de la escena del crimen, donde la víctima se desplazaba habitualmente a lomo de caballo acompañada por pobladores locales para sostener la escolaridad de los hijos de los peones.

La investigación judicial derivó en la detención y el dictado de prisión preventiva por parte del juez de garantías Gustavo Vallejos contra los principales sospechosos de ejecutar materialmente el feminicidio: los capataces de la estancia identificados como Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, junto al peón Sergio Nahuel Rojas (acusado como coautor) y su pareja Rosa Leguizamón (imputada por homicidio simple).

El cerco probatorio se estrechó luego de que la Policía hallara prendas de vestir quemadas y un bozal en una tapera perteneciente a Zarza, emplazada a escasos 150 metros del aula donde Godoy impartía clases. Sin embargo, para sus compañeras, los familiares y las organizaciones de derechos humanos, la responsabilidad penal de los autores materiales es solo la punta de un iceberg sostenido por la negligencia sistemática del Estado provincial.

Lejos de tratarse de un episodio fortuito ligado a los peligros del monte, el asesinato de Nancy Godoy expone las condiciones de indefensión y desprotección a las que son expuestas las trabajadoras rurales. Dos meses antes del trágico desenlace, el 28 de agosto, la propia docente había presentado un formal expediente de su puño y letra ante el Consejo General de Educación de Corrientes, advirtiendo que la Escuela N° 626 se encontraba en estado de "abandono total": carecía por completo de agua potable, los sanitarios estaban anegados de tierra e inutilizables, y el edificio sufría una plaga de roedores. Ante la total inacción y la falta de presupuesto oficial, Godoy debió limpiar y acondicionar el inmueble durante dos jornadas con la ayuda de una madre para poder recibir a los alumnos.

La denuncia formal fue sistemáticamente ignorada y cajoneada por los funcionarios del gobierno de Juan Pablo Valdés, priorizando tanto la asignación de recursos y el blindaje fiscal para los sectores agroexportadores como los beneficios financieros a través del Banco de Corrientes y la promoción de permisos para cotos de caza en los esteros del Iberá, mientras negaban lo más elemental —como un camino transitable, un canal de comunicación satelital o transporte oficial— para garantizar la integridad física de la maestra.

La propia dinámica de la búsqueda estuvo teñida de apatía institucional: la familia debió peregrinar durante ocho días hasta que las dependencias policiales accedieron a tomarles formalmente la denuncia por desaparición, y transcurrieron dos semanas adicionales para que se desplegara un operativo de rastrillaje efectivo.

La conmoción por el feminicidio de la maestra correntina puso de relieve también el rol de las conducciones sindicales tradicionales. Mientras las seccionales opositoras y agrupaciones de base impulsaron paros provinciales y movilizaciones exigiendo medidas concretas frente al vaciamiento de la escuela pública, las cúpulas gremiales provinciales (como Suteco) y nacionales (como CTERA) demoraron sus acciones esperando una masiva presión desde las bases para convocar tardíamente a un Paro Nacional Docente.

Los sectores movilizados denuncian que la pasividad de los sindicatos mayoritarios frente a la precarización laboral contribuye a naturalizar un modelo donde las docentes son enviadas solas, a caballo y sin recursos a zonas inhóspitas donde impera la ley de los terratenientes. El brutal crimen de Nancy Godoy no solo enluta a la docencia argentina, sino que interpela de manera directa al conjunto de los poderes del Estado sobre la urgencia de implementar protocolos efectivos de prevención de la violencia de género, garantizar infraestructura escolar digna y desmantelar los circuitos de impunidad feudal que operan en las fincas del norte argentino donde hay escuelas albergues.

El Paro Nacional Docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y las distintas entidades gremiales de base se lleva a cabo hoy, jueves 29 de octubre de 2026. La medida de fuerza, que incluye jornadas de luto, movilizaciones y marchas en las principales plazas del país, se dispuso tras confirmarse el hallazgo sin vida de la maestra rural Nancy Godoy en Corrientes, con el fin de exigir justicia, el esclarecimiento del hecho y mejoras inmediatas en las condiciones de seguridad e infraestructura para las escuelas rurales.