Recortan las frecuencias de colectivos en Salta y se multiplican las demoras

Con la excusa del desfasaje financiero en el pago de subsidios de septiembre y octubre, las operadoras privadas de SAETA recortaron unilateralmente las frecuencias desde hoy, castigando a miles de trabajadores y estudiantes con interminables esperas en las paradas.

El sistema de transporte público de pasajeros de la Región Metropolitana de Salta volvió a cruzar un límite crítico este martes 3 de noviembre de 2026. Sin previo aviso formal ni precisiones sobre la escala del recorte, las empresas prestatarias privadas que operan los corredores del 1 al 8 decidieron reducir de manera unilateral las frecuencias de sus colectivos, dejando a miles de usuarios a la deriva en las paradas durante las horas pico de la mañana.

La medida de fuerza patronal fue justificada por las firmas privadas argumentando un atraso en la acreditación de las partidas presupuestarias correspondientes a los meses de septiembre y octubre por parte de la Sociedad Anónima de Transporte del Estado (SAETA). Según la versión empresarial, la falta de liquidez agotó la capacidad financiera de las compañías para abastecerse de combustible diésel, viéndose obligadas a retirar unidades de circulación para evitar una "paralización total" del servicio.

A pesar del fuerte impacto social que implica la quita de colectivos a comienzos de mes, ni el directorio de SAETA ni las autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) detallaron el porcentaje real de la flota retirada ni sancionaron la imprevisión de las operadoras. Tampoco se informaron cronogramas de emergencia o esquemas de contingencia, dejando el cuadro de frecuencias librado a la decisión de las propias prestatarias.

Este nuevo contrapunto financiero entre el Estado provincial y las concesionarias privadas expone la fragilidad de un modelo que, ante el primer atraso de caja, utiliza a los usuarios del área metropolitana —quienes deben trasladarse a sus puestos de trabajo, centros de salud y escuelas— como moneda de cambio para presionar por el desembolso de fondos públicos.