Los 143 pliegos de Milei y las dudas sobre quiénes ocuparán los tribunales

El Gobierno nacional propuso candidatos para cubrir casi el 40% de las vacantes judiciales. Un informe de ACIJ advierte cambios drásticos en los órdenes de mérito, posibles irregularidades en el uso de ternas y postulantes con vínculos que exigen un examen más riguroso. La pregunta política es si esos nombramientos fortalecerán la independencia judicial o abrirán la puerta a jueces cercanos al poder que deben controlar.

En la Argentina, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben ejercer funciones independientes. Esa división pierde sentido si el gobierno de turno puede influir en quienes tendrán que juzgar sus actos. Por eso, la discusión sobre las designaciones judiciales excede los nombres de una lista: alcanza a la capacidad de los tribunales para investigar al poder sin deberle favores.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre el 30 de marzo y el 27 de agosto de 2026, el gobierno de Javier Milei envió al Senado 143 pliegos para cubrir cargos de jueces y juezas. La cifra equivale a casi cuatro de cada diez vacantes judiciales. En su análisis más reciente, la organización examinó 76 candidaturas y encontró señales de alerta sobre la idoneidad de los postulantes, la legalidad de algunas propuestas y su independencia frente al poder político. 

Uno de los datos más inquietantes aparece en los concursos. Trece personas propuestas registraron diferencias de más de diez puestos entre el orden de mérito inicial, basado en exámenes y antecedentes, y el orden final aprobado después de las entrevistas. En un caso, la variación llegó a 84 posiciones. ACIJ señala, además, que 29 de los 76 postulantes no habrían quedado en condiciones de ser elegidos para los cargos concursados si se hubiese mantenido el primer orden de mérito.

Las entrevistas forman parte del procedimiento, pero su margen de discrecionalidad obliga a explicar con claridad semejantes movimientos. Si el mérito acreditado en un examen puede quedar desplazado sin razones convincentes, el concurso corre el riesgo de convertirse en una formalidad previa a una decisión política.

El informe también cuestiona dos propuestas de personas incluidas en listas complementarias cuando, según ACIJ, no estaban dadas las condiciones para recurrir a ellas. En otros 20 casos, sostiene que se vulneró el carácter vinculante de las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura: se eligió a más de una persona de una misma terna y se dejaron otras sin utilizar. La Constitución establece que los jueces de tribunales inferiores deben ser nombrados a partir de una terna vinculante del Consejo y con acuerdo del Senado.

A esas observaciones se suman las preguntas sobre posibles conflictos de interés. Entre las 76 personas propuestas, ACIJ identificó dos con vínculos familiares en el sistema político o judicial, seis que trabajan en juzgados donde tramitan causas sensibles para el Ejecutivo y tres que ocupan u ocuparon cargos políticos. Ninguna de esas circunstancias prueba, por sí sola, que una candidatura responda a un pacto de protección. Sí vuelve indispensable conocer los fundamentos de cada elección y despejar cualquier sospecha de que una designación pueda funcionar como moneda de cambio.

El relevamiento expone otra deuda: el 67% de las personas propuestas son hombres y el 33%, mujeres. La oportunidad de renovar una parte considerable de la Justicia podría servir para corregir esa desigualdad. Por ahora, las candidaturas reproducen la brecha.

El Ejecutivo tiene una facultad constitucional para proponer jueces; el Senado, la responsabilidad de examinar sus pliegos. Justamente porque ambos poderes intervienen en el proceso, el control debe ser público y exigente. Las alertas de ACIJ no demuestran que exista un entramado judicial al servicio del Gobierno, pero sí muestran decisiones y antecedentes que impiden despachar estos nombramientos como un trámite administrativo.

La independencia de los tres poderes se pone a prueba cuando un tribunal debe investigar a quien impulsó el nombramiento de su juez. Si el Senado aprueba los pliegos sin respuestas claras sobre los saltos en los concursos, el uso de las ternas y los vínculos de los candidatos, la sospecha quedará instalada antes de que esos magistrados dicten su primera sentencia.