El Estado inmobiliario: donan predios fiscales a un club elitista de autos clásicos

La voracidad del poder político por regalar los bienes de todos los salteños a sectores privilegiados no se detiene. Bajo el expediente 90-29.981/21, la Legislatura provincial avanza a paso firme con un nuevo proyecto de ley en revisión que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación un valioso inmueble estatal —la Matrícula N° 151.594 del departamento Capital— a favor del Club de Autos de Colección Salta.

La iniciativa, que ya cuenta con los dictámenes favorables de las Comisiones de Obras Públicas, de Hacienda y Presupuesto, y de Legislación General, desnuda una vez más las prioridades de una dirigencia que opera de espaldas a las urgencias de las mayorías. Mientras los barrios populares reclaman tierras para vivir, infraestructura básica y asistencia alimentaria, el Estado provincial se comporta como una inmobiliaria amiga de los sectores de altos ingresos, dilapidando el patrimonio público para beneficiar a lobbies corporativos y de entretenimiento elitista. Del otro lado, la resistencia testimonial quedó a cargo de minorías aisladas —como el diputado Franco Lastra en Hacienda y la diputada Fernanda Domínguez en Legislación General— que advirtieron el atropello. 

El escándalo de las donaciones a privados adinerados no es una novedad, pero profundiza una doctrina de saqueo institucional que ya dejó antecedentes dolorosos como el tristemente célebre caso de las tierras en el municipio de Tigre. Ahora, la beneficiaria es una institución que nuclea a dueños de vehículos clásicos, un hobby exclusivo e inaccesible para las familias trabajadoras que hoy apenas logran sobrevivir a la crisis económica.

Entregar un terreno fiscal a un club de coleccionistas de automóviles bajo la figura de la donación gratuita expone el cinismo de una casta política que le niega un lote a los sectores vulnerables mientras le garantiza predios exclusivos a los sectores de mayor poder adquisitivo. Lejos de cumplir una función social, el Estado salteño vuelve a subvencionar el ocio de los ricos, ratificando que para los amigos del poder el patrimonio público siempre está a disposición, mientras que para el pueblo trabajador solo hay ajuste y desamparo.