Advierten que los hogares salteños recurren al crédito para subsistir y la morosidad trepa al 17,3%

El deterioro del poder adquisitivo y la suba constante de los gastos cotidianos transformaron el endeudamiento de las familias en uno de los termómetros más críticos de la economía actual. En una detallada entrevista en ul medio local, Sofía Vega, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Salta, analizó los registros oficiales de la Central de Deudores y expuso el acelerado crecimiento de la morosidad tanto en el sistema bancario tradicional como en las plataformas digitales.

Según explicó la especialista, se considera formalmente en situación de mora a todo deudor que acumule más de 90 días de atraso en sus obligaciones. Los datos revelan un impacto asimétrico: mientras que uno de cada ocho deudores bancarios presenta retrasos, la proporción asciende alarmantemente a tres de cada diez usuarios en el caso de las billeteras virtuales, evidenciando los riesgos de un financiamiento digital cada vez más accesible pero sensiblemente más costoso.

Detrás de esta brecha en los niveles de incumplimiento se encuentra un endurecimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los bancos, que realizan filtros más rigurosos ante un escenario de mayor riesgo crediticio. Ante estas restricciones, una porción significativa de la demanda de dinero migró hacia las aplicaciones financieras virtuales, herramientas que facilitan el acceso inmediato a fondos pero que cargan tasas de interés extraordinariamente elevadas debido al alto perfil de riesgo de sus tomadores.

A nivel nacional, el universo de personas que arrastra algún grado de mora en el sistema privado —contabilizando bancos y fintechs— afecta a unos 5,9 millones de individuos sobre un total de 21 millones de deudores, con un salto interanual que llevó la morosidad de los hogares del 2,5% al 12,8%. En el caso puntual de Salta, el impacto recesivo se refleja con nitidez: el 17,3% de la población registra deudas en mora, con un pasivo promedio que ronda los dos millones de pesos por persona, poniendo en jaque la estabilidad financiera de miles de familias.

Uno de los ejes centrales de la advertencia planteada por el CEPA radica en la desmitificación de las razones que empujan a los ciudadanos a endeudarse. Frente a discursos oficiales que intentan justificar el uso masivo del crédito en consumos suntuarios o en la compra de televisores, la especialista fue categórica al señalar que la realidad de los hogares es diametralmente opuesta: "La gente no se endeuda para comprar televisores, se endeuda para vivir".

"La gente no se endeuda para comprar televisores, se endeuda para vivir".

Los registros de consumo demuestran que las tarjetas de crédito y el financiamiento directo se convirtieron en el último recurso desesperado para adquirir alimentos en supermercados y cubrir la canasta básica. En este engranaje, las cuentas sueldo operan como un mecanismo automático de retención donde las entidades financieras debitan de forma directa el resumen de tarjetas y préstamos apenas ingresan los haberes, obligando a muchos usuarios a recurrir a herramientas legales como el stop debit o al pago mínimo ante la imposibilidad material de cancelar el total adeudado.

El informe también pone la lupa sobre los sectores etarios más vulnerables, señalando que los jóvenes de entre 18 y 34 años concentran una porción alarmante de la morosidad en el sistema. Este fenómeno no responde a consumos recreativos o superfluos, sino a las enormes dificultades económicas que afronta la juventud para sostener un proyecto de vida autónomo.

Pagar un alquiler, afrontar el costo de los servicios públicos básicos y garantizar la alimentación elemental en un contexto inflacionario empuja a los sectores más jóvenes a apelar a los créditos rápidos que ofrecen las aplicaciones móviles, a menudo sin dimensionar el impacto real del costo financiero total. Desde el CEPA Salta insistieron en la necesidad imperiosa de sociabilizar datos oficiales y transparentar las condiciones de contratación para frenar una espiral de sobreendeudamiento que amenaza con profundizar la exclusión social y económica en la provincia.