Asumió Mabel Álvarez en la CTA Salta en medio de graves denuncias de fraude

Pese al cúmulo de impugnaciones, denuncias penales y reclamos por falta de transparencia que sacuden al sindicalismo local, Mabel Álvarez asumió formalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como nueva secretaria general de la CTA Autónoma de Salta. La asunción se concretó amparada en los números oficiales de la Lista 1 —que proclaman un sospechoso 90% de los votos y una diferencia superior a los 5.000 sufragios—, ignorando por completo el estallido institucional y el repudio de los sectores opositores que tildaron los comicios del pasado 20 de agosto de fraudulentos.

La legitimidad de la flamante conducción nació herida de muerte tras las presentaciones formales realizadas por las listas 2 y 4, encabezadas por el exsecretario general Julio Molina. Lejos de tratarse de un simple pataleo electoral, el expediente opositor detalla un catálogo de irregularidades propias de prácticas sindicales vetustas y autoritarias: entrega tardía y arbitraria de padrones, mesas habilitadas sin listados oficiales, afiliados derivados a centros de votación erróneos para bloquear el sufragio, faltante sistemático de boletas opositoras y el uso de urnas y cajas improvisadas.

La gravedad de la maniobra escaló cuando las denuncias cruzaron la línea de la desprolijidad administrativa para transformarse en hechos de violencia explícita. De acuerdo con las ampliaciones presentadas el 22 de agosto ante la Junta Electoral, la jornada estuvo salpicada por situaciones de intimidación, agresiones físicas, maltrato y persecución directa contra fiscales, presidentes de mesa y colaboradoras, respaldadas con actas de impugnación, exposiciones policiales y registros fílmicos que la cúpula sindical optó por silenciar.

El traslado clandestino de urnas, documentación y materiales electorales hacia la sede de ATE —realizado sin aviso a los fiscales opositores— terminó por dinamitar lo poco que quedaba de transparencia en el proceso. Mientras la conducción nacional de la central convalidó el resultado y miró hacia otro lado, los sectores desplazados advirtieron que no agotan la vía administrativa local y evalúan llevar el escándalo directamente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asumir con el 90% de los votos sobre una estructura asfixiada por denuncias de fraude y aprietes no es un triunfo democrático, sino la radiografía perfecta de un sindicalismo corporativo que impone su aparato a espaldas de las bases.