Denuncian a una cadena de electrodomésticos por préstamos con tasas de hasta el 733%

Una grave denuncia por presunta usura y contratos abusivos sacude el ámbito financiero y judicial de la provincia. La asociación civil de defensa del consumidor Protectora interpuso una demanda colectiva ante la Justicia salteña para frenar mediante una medida cautelar los juicios ejecutivos y embargos que pesan sobre el sueldo de más de 700 trabajadores, en su gran mayoría empleados del Estado provincial.

La acción legal, que tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación y es representada por el abogado Daniel Paganetti, apunta contra la cadena de electrodomésticos santafesina Bazar Avenida —con sede central en Rafaela—. De acuerdo con la presentación, la firma habría otorgado préstamos personales aplicando tasas de interés de hasta el 733% anual, superando por más de cinco veces los topes máximos fijados por el Banco Central para operaciones similares.

El destape de la maniobra se originó a partir de los propios documentos y declaraciones juradas presentadas por la empresa ante la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia en su carácter de agente de retención del Impuesto de Sellos. Dichos registros permitieron constatar que, solo entre mayo y junio de 2024, la firma declaró cientos de operaciones de crédito bajo idénticas estructuras contractuales.

En la demanda se detallan dos casos testigos que reflejan la magnitud del perjuicio:

• Caso 1: Un empleado provincial recibió un préstamo de $450.000 y se le hizo firmar un pagaré por $2.395.035 —más de cinco veces el capital original— con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 733,50%, sobre el cual ya pesa un embargo salarial directo.

• Caso 2: Una trabajadora estatal obtuvo un crédito de $248.000 con un pagaré ejecutado por $1.319.930 y una TEA del 710,02%, acumulando una sentencia de remate en su contra.

Para los letrados de Protectora, la operatoria se estructuraba mediante el uso de pagarés preconstituidos en contratos de adhesión, un mecanismo diseñado para bloquear las defensas causales de los deudores en los juzgados de procesos ejecutivos.

Basándose en la emblemática doctrina del fallo "Halabi" sobre procesos colectivos, la demanda exige la nulidad de las cláusulas usurarias de todos los contratos celebrados en la provincia, la suspensión inmediata de los descuentos salariales y de los juicios en trámite, y una multa civil en concepto de daño punitivo cercana a los 1.000 millones de pesos.

Asimismo, dado que la legislación argentina tipifica la usura como delito penal con penas de hasta seis años de prisión cuando se ejerce de manera profesional, el fuero civil fue instado a remitir los antecedentes a la fiscalía penal de turno para investigar la presunta comisión de ilícitos. Mientras la Procuración General ya tomó vista de la causa, cientos de familias salteñas aguardan un fallo urgente que ponga freno a los embargos voraces sobre sus haberes.