Paro y bronca en Buenos Aires ante una escalada de violencia contra docentes

La brutalidad y la desidia estatal volvieron a vaciar las aulas en la provincia de Buenos Aires. Con una acatamiento masivo que rozó el 95% y el 98% en ambos turnos, el paro convocado por el Frente de Unidad Docente —integrado por Suteba, FEB, AMET y Udocba— no solo expuso el hartazgo gremial, sino que puso al desnudo la escandalosa vulnerabilidad institucional en la que operan cotidianamente las escuelas bonaerenses, convertidas en zonas liberadas al arbitrio de la violencia social.

La medida de fuerza estalló como un grito de supervivencia tras el salvaje ataque sufrido por una docente del Jardín N° 916 de Trenque Lauquen. La educadora fue interceptada en plena vía pública por el padre de un alumno, quien la persiguió en automóvil, le bloqueó el paso con su vehículo y la golpeó salvajemente hasta provocarle una fractura de brazo y graves traumatismos, todo porque sospechaba que las autoridades escolares iban a denunciarlo por indicios de violencia familiar sobre el menor.

Este episodio extremo no constituye una anomalía aislada, sino la cúspide de un iceberg sostenido por la inacción política y el vaciamiento de garantías elementales para el ejercicio docente. Las estadísticas sindicales desentierran una geografía del terror que se extiende por múltiples distritos del territorio provincial: agresiones físicas con golpes de puño, ataques con tijeras dentro de las aulas, directivas hospitalizadas tras ser golpeadas por familiares, docentes rociados con aerosol, amenazas de muerte y viviendas de profesores apedreadas en distritos como San Miguel, Hurlingham, Ensenada, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón, San Miguel del Monte y General Belgrano.

La descomposición del tejido social y el abandono operativo por parte de las carteras de seguridad y educación empujan a los trabajadores a cumplir sus funciones bajo un régimen de terror permanente. A esto se suma el colapso absoluto de las comunidades educativas, como ocurrió en la Escuela Secundaria N° 3 de Los Hornos en La Plata, donde fueron las propias familias las que debieron autoconvocarse para no enviar a sus hijos a clases ante la seguidilla incontrolable de peleas y hechos vandálicos dentro y fuera del establecimiento.

Mientras los gremios advierten que la docencia trabaja con miedo y reclaman acciones concretas que nunca llegan, la respuesta oficial se agota en promesas vacías mientras las escuelas se hunden en la desprotección. La educación pública transita así su hora más oscura, rehén de la desidia gubernamental y de una violencia urbana que penetra los portones escolares ante la pasividad cómplice del Estado.