Impulsan la "Ley Lola" en Salta para endurecer sanciones por maltrato animal

Mientras el Gobierno Nacional promueve el achicamiento estatal y la regulación de los criaderos, el intendente de Salta busca profundizar la intervención municipal con un paquete de medidas punitivas y de asistencia para la protección animal.

En un escenario político marcado por la impronta de desregulación y retiro del Estado que propone el Ejecutivo Nacional, el intendente de Salta, Emiliano Durand, marcó un perfil diferenciado al anunciar el impulso de la "Ley Lola". El nombre de la normativa homenajea a "Lola", una perrita que falleció tras ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga, un caso que expuso la necesidad de herramientas más severas.

La iniciativa, que busca endurecer drásticamente las sanciones contra el abandono y el maltrato animal, se presenta como una política de gestión local que reivindica la presencia y la responsabilidad del Estado municipal frente a conductas que, según el mandatario, no deben recaer sobre el bolsillo de los vecinos. 

“Lo que buscamos es que quien abandona pague los costos de su conducta. No puede ser que todos los salteños estemos pagando por la irresponsabilidad y falta de cuidado de una persona”, sostuvo Durand al presentar el paquete de medidas.

La propuesta plantea la modificación de la Ley de Contravenciones facultando a los jueces para aplicar multas, arrestos y trabajos de reparación a los infractores (estos últimos podrían incluir tareas obligatorias en el Centro Municipal de Adopciones, vacunatorios o campañas de castración, obligando al responsable a reparar el daño social causado).

Tambien plantea una medida más disruptiva, que es la posibilidad de inhabilitar por dos años para obtener o renovar la licencia de conducir a quienes sean sancionados por maltrato o abandono animal, utilizando la potestad municipal para aplicar consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los infractores.

El municipio confirmó la incorporación de un nuevo móvil de castración altamente equipado, con capacidad para 40 intervenciones diarias y monitoreo tecnológico. Este refuerzo, sumado al próximo anuncio de la inauguración de un hospital veterinario municipal, ratifica la estrategia de Durand de ampliar los servicios públicos gratuitos, un camino opuesto al ajuste fiscal y la reducción de prestaciones que promueve el gobierno central.

La iniciativa incluye además herramientas legales para que la Municipalidad pueda intervenir de manera ágil en el rescate de animales en situaciones de sufrimiento dentro de propiedades privadas, consolidando un esquema donde la autoridad local asume un rol proactivo y sancionatorio en la defensa de los derechos animales, en claro contrapunto con la agenda de la Casa Rosada.