




El hartazgo de los vecinos de El Encón sumó un nuevo capítulo judicial que, lejos de vivirse como una victoria definitiva, expone la alarmante facilidad con la que el sector corporativo burla las leyes en la provincia. Este jueves, la Unidad Fiscal de Contravenciones clausuró la firma avícola de JP Paris por contaminación.
La medida no surgió de las oficinas del intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, ni de los pasillos de su Concejo Deliberante —entidades que acumulan meses de inacción y promesas vacías—, sino del impulso de denuncias penales presentadas por los propios damnificados. Sin embargo, la comunidad recibió el operativo con cautela y escepticismo: no es la primera vez que la firma es sancionada y la pregunta que flota en el aire es si, finalmente, esta clausura se cumplirá de verdad o volverá a ser un papel mojado.
La intervención dejó al descubierto que la Justicia provincial avanzó con un expediente congelado desde el año 2023, permitiendo que la empresa operara a sabiendas de sus irregularidades. Al ingresar al predio junto a delegados barriales, se confirmó que la última habilitación formal de la granja había caducado en el año 2005. Puertas adentro, el panorama sanitario y laboral volvió a ratificar que las ganancias de la firma se sostienen a costa de la salud pública y el desprecio por sus propios empleados.


Falta de seguridad laboral y napas contaminadas con guano
El relevamiento pericial encabezado por el fiscal del caso, el Dr. Bravo, constató que JP Paris mantenía operando la planta sin los mínimos estándares de seguridad e higiene exigidos por las normativas vigentes. Los trabajadores de la granja realizaban sus tareas diarias desamparados, manipulando los desechos avícolas y el guano sin guantes ni botas de seguridad, expuestos a focos infecciosos constantes.
En materia ambiental, el diagnóstico técnico fue demoledor. El personal de Medio Ambiente comprobó que el pozo destinado al tratamiento de heces se encontraba totalmente sobrepasado en su capacidad de almacenamiento, filtrando fluidos contaminantes de forma directa hacia el subsuelo, lo que pone en riesgo inminente las napas de agua subterránea de las que depende toda la zona de El Encón. Para completar el cuadro de ilegalidad, la Fiscalía corroboró que los empresarios habían perforado e instalado un pozo de extracción de agua sin ningún tipo de autorización ni control por parte de los organismos reguladores correspondientes.
El antecedente de la burla: construir silos sobre la ilegalidad
El escepticismo de los vecinos está firmemente justificado en los antecedentes de la empresa. Durante el procedimiento, los damnificados le recordaron al fiscal que la granja tiene un largo historial de desacato: ha continuado funcionando a plena luz del día ignorando clausuras previas impuestas a nivel municipal, e incluso se dio el lujo de avanzar en la construcción de nuevos silos para el acopio de alimento balanceado sin planos aprobados y sin sufrir consecuencia legal alguna.
Esta reiteración delictiva deja en evidencia el fracaso y la aparente complicidad por omisión de la gestión municipal de Campo Quijano. Los abogados de la intendencia de Yonar y el cuerpo de concejales locales mantuvieron durante meses el reclamo vecinal bajo un laberinto burocrático que solo sirvió para otorgarle tiempo a la patronal avícola.
Si bien la llegada de la Policía Rural y los peritos judiciales valida judicialmente el calvario que vive el barrio con los olores y las moscas, la experiencia le ha enseñado a El Encón que los candados de las clausuras suelen romperse rápido cuando la política mira para otro lado. El tiempo dirá si la Fiscalía sostiene la sanción con firmeza o si JP Paris volverá a operar en la impunidad total la próxima semana.


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