Núñez Burgos promete sacar la Defensoría a los barrios y defender a los jubilados en plena crisis

Apenas horas después de haber jurado en el Concejo Deliberante, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, brindó sus primeras definiciones sobre el crítico escenario socioeconómico que golpea a los vecinos de la capital. Con un fuerte cuestionamiento a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, el funcionario advirtió que la posible quita de subsidios a las "zonas frías" disparará las facturas de gas entre un 30% y un 50%, profundizando un endeudamiento familiar que ya llegó al límite: "La gente ya no está pudiendo devolver la plata de los créditos y las tarjetas", sentenció.

El diagnóstico del Defensor salteño apunta directo a la "desarticulación de las redes sociales de contención" que sufre la sociedad argentina, un fenómeno que, según su óptica, obliga a las Defensorías a ocupar un rol cada vez más activo y de trinchera. Para responder a esta demanda, Núñez Burgos anunció que el eje central de su gestión será el fortalecimiento territorial mediante la implementación de la “Defensoría itinerante”, un esquema de atención descentralizada que sacará a los funcionarios de las oficinas céntricas para trasladar la recepción de denuncias directamente a los barrios periféricos.

Durante su primera entrevista oficial, el Defensor del Pueblo puso el foco en el desamparo que enfrentan las personas con discapacidad y los jubilados ante la motosierra presupuestaria. Denunció con preocupación los posibles recortes en los subsidios estatales para el transporte de larga distancia, un beneficio vital utilizado por pacientes del interior y la capital para trasladarse a Buenos Aires o provincias vecinas con el fin de realizar tratamientos médicos de alta complejidad. El funcionario adelantó que para su gestión esa medida no puede mantenerse tal como se dio en el decreto y anticipó que presentará batallas judiciales para frenarla.

Asimismo, planteó que la modernización del Estado se transformó en una barrera de exclusión para la tercera edad. Al criticar las dificultades que enfrentan los adultos mayores frente a la digitalización obligatoria de trámites bancarios y previsionales de ANSES, Núñez Burgos apeló a una ironía implacable al señalar que la ciudadanía digital está muy buena hasta que tenés 70 años y el sistema de la aplicación no te reconoce ni el rostro, prometiendo asistencia presencial para combatir el analfabetismo digital que aísla a los abuelos.

El archivo de su gestión anterior

Para Núñez Burgos, este sillón no es terreno desconocido. El funcionario ya se desempeñó como Defensor del Pueblo de la capital salteña entre 2019 y 2021, una gestión que estuvo marcada a fuego por el estallido de la pandemia del COVID-19. Durante aquel período, su oficina debió absorber miles de reclamos de inquilinos desesperados ante la ola de desalojos —pese al decreto presidencial que los prohibía— y la imposibilidad de pagar los contratos comerciales en una Salta con actividad económica cero.

En su paso anterior, también libró batallas administrativas contra las empresas de servicios públicos, logrando frenar de manera provisoria cortes de luz de EDESA y de agua de Aguas del Norte a familias vulnerables durante el confinamiento. El desafío actual del funcionario será demostrar si la experiencia acumulada en la crisis de 2020 le serirá para contener el actual estallido de morosidad o si la magnitud del ajuste nacional terminará desbordando la capacidad de respuesta de la Defensoría municipal.

El desafío de pasar de la queja a la lapicera

El debut discursivo de Federico Núñez Burgos es técnicamente impecable desde el punto de vista del marketing político porque toca las fibras sensibles de la agenda pública actual como los jubilados, las tarifas, las tarjetas reventadas y la discapacidad. Sin embargo, un análisis riguroso de sus declaraciones enciende algunas luces de alerta sobre el alcance real de sus promesas.

Prometer una "Defensoría itinerante" suena muy bien para los títulos de los diarios, pero la realidad es que el Concejo Deliberante viene de declarar vacante el cargo de Secretario Letrado y el organismo carece de un presupuesto robusto. Sin estructura técnica ni abogados suficientes, llevar una mesa y una silla a un barrio popular corre el riesgo de convertirse en un mero buzón de quejas de campaña que junta reclamos vecinales pero no tiene la fuerza operativa para resolverlos.

Por otro lado, advertir que el gas subirá un 50% por la quita de la zona fría es un diagnóstico certero, pero Núñez Burgos omite un detalle institucional clave, ya que la Defensoría del Pueblo Municipal tiene nula jurisdicción sobre las decisiones tarifarias que toma la Secretaría de Energía de la Nación o el ENARGAS. Sus reclamos en este punto serán puramente declarativos o requerirán sumarse a amparos colectivos nacionales, una limitación jurídica que la gestión suele ocultar detrás del ruido mediático.

Finalmente, su crítica a la ciudadanía digital que excluye a los ancianos es sumamente válida y expone la crueldad de la burocracia moderna. No obstante, el desafío de la Defensoría no debe ser solo denunciar el fallo del sistema, sino obligar mediante resoluciones a las empresas privadas y entes estatales a mantener la atención humana y presencial. Si la Defensoría se limita a compadecerse de los abuelos en lugar de intimar a los bancos, el organismo terminará funcionando como una ONG de beneficencia y no como el órgano de control con raigambre constitucional que Salta necesita.