Prioridades en disputa: el bloque libertario quiere gastar en armas eléctricas sin debate presupuestario

El bloque libertario presentó un proyecto de ley para incorporar armas eléctricas no letales al equipamiento de la Policía de la Provincia, argumentando la necesidad de dotar a las fuerzas de herramientas modernas para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, la iniciativa surge en un contexto de fuerte ajuste económico, mientras el proyecto avanza sin haber pasado por el filtro de las comisiones de Seguridad ni de Hacienda y Presupuesto.

La propuesta, encabezada por los diputados María Elena Davids, Eduardo Virgili y Nicolás Arce, busca integrar dispositivos de baja letalidad como un paso intermedio en el uso gradual de la fuerza. Según los fundamentos del bloque de La Libertad Avanza, estas herramientas permitirían a los efectivos actuar con mayor eficacia en situaciones críticas sin necesidad de recurrir a armas de fuego, protegiendo tanto la integridad del ciudadano como la del propio policía. Para justificar la medida, mencionan los ejemplos de provincias como Mendoza, Jujuy y Tucumán, además de experiencias internacionales, asegurando que Salta debe actualizarse ante un flagelo delictivo que "no se toma descanso".

No obstante, la lectura política de este proyecto no puede despegarse de la realidad económica que atraviesa la provincia. Para diversos sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, la urgencia por implementar las pistolas Taser responde más a una necesidad de control social que a una genuina política de seguridad ciudadana.

Un punto que genera especial controversia es la falta de debate técnico previo, ya que el expediente llega al recinto sin dictámenes de las comisiones de Seguridad, Legislación General ni Hacienda. Esto implica que no se ha analizado profundamente el impacto presupuestario de la compra de estos equipos en una provincia que constantemente reclama falta de fondos a Nación, ni se han establecido protocolos claros de capacitación para evitar abusos policiales. Mientras el oficialismo y sus aliados debaten la incorporación de voltios a las calles, queda flotando la sospecha de que el verdadero objetivo es blindar las decisiones económicas con un esquema de seguridad mucho más agresivo y disciplinador.