Diputados propone cargos ad honorem para el Observatorio de Violencia, pero evita discutir su ineficiencia

Bajo la bandera de la "optimización de recursos", una mayoría de 33 diputados oficialistas impulsa un proyecto de ley para que los representantes de los tres poderes en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité de Prevención de la Tortura cumplan funciones ad honorem. Sin embargo, la iniciativa llega sin dictámenes de comisión y evita discutir el fondo del problema: organismos que funcionan como refugios de la política con sueldos millonarios y que solo producen informes estadísticos mientras los índices de violencia en Salta no dan tregua.

La Cámara de Diputados de Salta se encamina a tratar un proyecto de ley que, a simple vista, parece un gesto de austeridad, pero que esconde una maniobra para calmar el malestar social sin desmantelar la burocracia ineficiente. La propuesta, firmada por figuras de peso como Esteban Amat Lacroix y casi todo el bloque oficialista, busca que los directores designados por el Ejecutivo, el Judicial y las cámaras legislativas dejen de percibir salarios.

Lo que la fundamentación del proyecto denomina "equilibrio en recursos limitados" es, en realidad, el reconocimiento implícito de que el Estado ha estado financiando durante años un directorio de seis personas en el Observatorio de Violencia cuya única tarea visible ha sido la emisión de informes periódicos, mientras los femicidios y ataques violentos siguen encabezando las tristes estadísticas de la provincia.

La crítica más feroz recae sobre el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (Ley 7863). Este organismo cuenta con un directorio cuyos integrantes perciben sueldos que han sido tildados de "millonarios" por diversos sectores sociales, una remuneración que resulta obscena ante la falta de resultados tangibles en la prevención real del delito.

Otra crítica realizada por las organizaciones de base refiere el carácter "vitalicio" que parecen haber adquirido los cargos en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (Ley 7863). A pesar de que la problemática exige renovación y nuevas perspectivas, el directorio se ha convertido en un estamento estanco donde los nombres se repiten año tras año. Un caso emblemático es el de Florencia Sánchez, quien ingresó en 2021 y, tras cinco años, permanece en una estructura de un elevado costo para los salteños, al igual que Ana Perez Declercq.

Este estancamiento de nombres, sumado a la falta de resultados tangibles en la prevención real del delito, refuerza la idea de que estos organismos funcionan más como una zona de confort para la política que como una herramienta efectiva para salvar vidas. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres se ha transformado en un ente burocrático que recolecta datos pero que carece de poder de fuego o voluntad política para intervenir en las fallas del sistema judicial y policial.

Párrafo aparte: el Comité de Prevención de la Tortura

El proyecto también apunta al Comité de Prevención de la Tortura (Ley 8024), donde no solo se pretende eliminar la dieta de los representantes políticos, sino que se busca derogar el régimen de incompatibilidades. Esto último resulta especialmente peligroso y contradictorio: al quitar la exclusividad en la función, se abre la puerta a que los encargados de vigilar tratos inhumanos en cárceles y comisarías tengan otros intereses públicos o privados, diluyendo por completo la independencia necesaria para denunciar al poder. Es una reforma que apunta a la "economía" pero sacrifica la transparencia y el compromiso ético que exigen los Derechos Humanos.

Finalmente, la celeridad con la que se pretende aprobar este expediente es otro motivo de alarma. El proyecto llega al recinto sin dictámenes de las comisiones de Mujer, Derechos Humanos, Hacienda ni Legislación General. Esta omisión del debate parlamentario serio demuestra que no hay un interés real por reformar las políticas de género o prevención de tortura, sino una urgencia por realizar un "ajuste de maquillaje" que desvíe la atención del fracaso rotundo de las políticas que sostienen estos organismos.

Salta sigue siendo una de las provincias más peligrosas para ser mujer, y mientras los diputados discuten si los sueldos se pagan o no, la estructura que debería prevenir la muerte sigue siendo un conjunto de oficinas con aire acondicionado dedicadas exclusivamente a la estadística.