Sáenz celebró la reforma laboral, admitió que “la gente está mal” y volvió a correr el costo político hacia Nación

En el feriado por la Batalla de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz defendió ante la prensa local la reforma laboral aprobada ayer en el Congreso con respaldo de legisladores, supuestamente peronistas, del norte: Salta, Catamarca y Tucumán.

Feriado en Salta por la batalla de Salta de 1813, cuando el General Manuel Belgrano, al frente del Ejército del Norte, obtuvo una victoria decisiva sobre las fuerzas realistas en el Campo Castañares, durante la Guerra de Independencia de la Argentina.

El actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz atendió a la prensa luego del tratamiento del proyecto de reforma laboral que finalmente fue aprobado con la ayuda y acompañamiento de legisladores que responden a los gobernadores Salta, Catamarca y Tucumán, y cuyos representantes alcanzaron sus bancas levantando las banderas de la justicia social del peronismo

En ese marco, el gobernador dio definiciones en las que conviven dos líneas que chocan entre sí: por un lado, reivindica “darle herramientas” a Javier Milei y apoyar “reformas hacia adelante”; pero por el otro, reconoce que la macro economía “está bien” pero la micro “está mal”, que “la gente está mal” y que “sin equilibrio social” la situación “se va a poner” peor.

Todo mientras intenta ubicarse como quien “corrige imperfecciones” del plan nacional sin asumir el núcleo del acuerdo político que hizo posible la ley. “No hay que tener miedo a los cambios”, dijo, pero la crisis es ahora

Sáenz justificó el acompañamiento a la reforma con una consigna clásica: actualizar una norma “que tiene más de 50 años” y que “no ha funcionado”. Hasta ahí, una defensa ideológica de la reforma. Pero en el mismo tramo admite que el problema de fondo no es jurídico sino económico y social: falta consumo, faltan inversiones, falta trabajo. Y allí aparece la primera contradicción: si el diagnóstico urgente es que la gente no llega a fin de mes, ¿por qué la apuesta central es una reforma laboral presentada como modernización normativa, cuando el propio gobernador reconoce que “una ley no genera el trabajo por sí sola”?

El mandatario lo dice sin rodeos. “La macroeconomía está bien, pero la gente está mal”, sin embargo, lejos de traducir ese diagnóstico en una crítica al rumbo del Ejecutivo nacional, lo usa para separar responsabilidades: la Nación maneja el modelo; las provincias padecen las consecuencias. El resultado discursivo es cómodo: apoya la ley que pide la Casa Rosada, sostiene el vínculo político, y deja asentado que el costo social “no depende de los gobernadores”.

“No estaba en juego nada”: el intento de negar el trueque

Cuando le preguntan por la aparente incoherencia de Pablo Outes —“no está de acuerdo con el plan del presidente, sin embargo, votó a favor”— Sáenz niega que haya un intercambio: “No, no, no… le dimos la herramienta… a un presidente que fue elegido legítimamente”. Y remata: “No estaba en juego nada”.

Esa frase es clave porque busca borrar el dato político más evidente: en un Congreso fragmentado, los votos se construyen, y cuando un gobernador ordena a su tropa parlamentaria acompañar una reforma central del oficialismo nacional, siempre hay un detrás de escena, aunque no se diga: gobernabilidad por gobernabilidad, caja por caja, obras por obras, alivios fiscales por alivios fiscales, avales a proyectos estratégicos por avales a proyectos estratégicos.

Sáenz no explicita “a cambio de qué”, pero abre la puerta con una idea que se repite: “Todos nosotros tenemos las herramientas necesarias para que la economía avance… pero no depende de los gobernadores que haya consumo, inversiones, exportaciones: eso es un modelo económico”. Traducido: apoya el andamiaje legislativo del modelo nacional, pero se reserva el derecho a despegarse de sus efectos sociales.

El “logro” del artículo 44 y el doble mensaje hacia la CGT

En otro tramo, Sáenz intenta mostrarse como contrapeso “humano” dentro de un paquete regresivo para el mundo del trabajo. Asegura que logró sacar el artículo 44 —el que habilitaba descuentos salariales ante enfermedades inculpables— porque “me parecía una locura… inhumano”. Esa intervención cumple una doble función política:

Construye un “gesto” de protección para dialogar con la CGT y contener el malestar sindical (“he tenido comunicación… hemos acompañado y ayudado en lo que hemos podido”). Le pone una etiqueta de corrección moral a una reforma que acompañó en lo sustancial: “hay muchas cosas que corregir… pero también es cierto que hay muchas cosas que no han funcionado”.

El problema es que el propio argumento queda atrapado en su contradicción: si el artículo era “inhumano”, ¿qué dice eso del paquete que lo contenía y del gobierno que lo impulsó? Sáenz busca quedar en el lugar del gobernador que “mejora” lo peor del proyecto, pero evita discutir el sentido general de la reforma.

“Se acabaron los privilegios”… ¿de quién?

El gobernador suma otra consigna potente y ambigua: “acá sí un poquito se han acabado los privilegios de algunos y esperemos que los privilegiados sean los trabajadores”. No identifica quiénes son “algunos”. En una provincia con empleo informal alto y salarios tensionados, esa vaguedad es funcional: permite que cada audiencia complete la frase a su gusto (sindicatos “corporativos”, estudios laborales, empresarios prebendarios, dirigentes políticos, etc.).

Pero en términos políticos, la frase opera como cobertura: legitimar un cambio presentado como “anti-privilegios” mientras la vida cotidiana se encarece y el consumo cae, tal como él mismo describe: “al no haber consumo baja el IVA… las pymes, los comerciantes… todos lo sufren”.

Nueva York, minería y “la única” palanca: la inversión

Sáenz también anticipa un viaje “con los gobernadores” a Nueva York para “hacer lo único que va a movilizar la economía… inversiones”. Ahí aparece la segunda tensión: mientras sostiene que el modelo económico lo define Nación, ofrece como salida una estrategia que sí manejan las provincias en gran medida: atraer capital, sobre todo a sectores como energía y minería.

Y es justamente allí donde se vuelve inevitable la pregunta que sobrevuela toda la entrevista: si el gobierno provincial pone votos clave para el proyecto nacional, ¿qué espera recibir a cambio en términos concretos para Salta?

No hace falta afirmar un pacto específico para evidenciar el patrón: la defensa de “dar herramientas”, el intento de negar un canje (“no estaba en juego nada”), el énfasis en inversiones como salvación, y la decisión de quedar “cerca” de Milei en lo institucional pero “lejos” de los efectos cuando se habla de la gente.