Odontólogos y fonoaudiólogos denuncian que el IPSS paga "aranceles de miseria"

El sistema de salud privada en Salta entró en una fase de alerta roja. En una conferencia de prensa conjunta, los representantes de odontólogos y fonoaudiólogos expusieron una realidad alarmante: mientras la inflación y el costo de los insumos —muchos de ellos dolarizados— no dan tregua, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) mantiene los aranceles congelados desde mediados del año pasado.

La brecha es tan profunda que los odontólogos aseguran percibir apenas el 20% del valor de referencia nacional, una cifra que pone en jaque la continuidad de la atención para miles de afiliados. La situación de los odontólogos es particularmente crítica debido al alto riesgo biológico de su tarea.

"Estamos a 20 centímetros de la boca del paciente", recordaron, señalando que la quita del código de bioseguridad en junio pasado fue un golpe letal a sus ingresos.

Denuncian que, además de lidiar con bacterias y virus, ahora deben financiar de su bolsillo la tecnología y las tareas administrativas que la obra social les delegó tras la pandemia. Para colmo de males, el "bicicleteo" financiero continúa: todavía esperan los pagos de noviembre, que ya están vencidos desde enero.

Por el lado de los fonoaudiólogos, el panorama es igual de desolador. Con aranceles que en algunos casos llevan dos años sin actualizarse, una sesión de media hora o una audiometría con equipos que requieren calibración constante se paga apenas 5.000 pesos. "Es una vergüenza", sentenciaron los profesionales, quienes advierten que no es falta de vocación, sino una absoluta falta de recursos para cubrir los costos mínimos operativos.

Ante la falta de respuestas concretas del interventor de la obra social, los prestadores han elevado el reclamo directamente al Gobernador y a los ministerios de Economía y Salud. Proponen que Salta deje de ser el "pariente pobre" del país y se adopten estructuras de costos similares a provincias como Santa Fe. La advertencia es clara: de no haber una actualización inmediata, los afiliados comenzarán a sufrir restricciones en la cobertura, demoras interminables en los turnos o, directamente, el cobro de copagos obligatorios para que los consultorios no tengan que cerrar sus puertas.