Cárceles para adolescentes de 13 años | El Congreso analiza bajar la edad de imputabilidad

El Gobierno Nacional decidió apretar el acelerador en uno de los temas más sensibles de la agenda social: la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años.

Bajo el pomposo nombre de "institutos especializados de detención", el proyecto de ley enviado por Javier Milei al Congreso busca institucionalizar el encierro para menores que, en muchos casos, apenas están terminando la primaria. Si bien el texto oficial se llena de palabras como "resocialización", "capacitación" y "asistencia psicológica", la realidad política muestra un Estado que prefiere construir celdas antes que fortalecer las escuelas o los clubes de barrio.

La iniciativa, defendida a capa y espada por el ministro Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, propone un sistema de módulos diferenciados por edad y cultura, asegurando que los adolescentes no tendrán contacto con adultos. Sin embargo, la letra chica del proyecto es preocupante: se habla de personal "capacitado" pero no se especifican niveles de formación ni presupuestos reales para que estos centros no terminen siendo, en la práctica, depósitos de menores en conflicto con la ley.

Prometer "capacitación laboral" y "talleres recreativos" suena idílico, pero en una Argentina con índices de pobreza infantil que asustan, estos establecimientos corren el riesgo de ser la única presencia del Estado en la vida de un chico, y llega recién cuando el daño ya está hecho.

Lo que no dice el oficialismo es que bajar la edad de imputabilidad es una respuesta punitiva a un problema que es estructural. Negociar apoyos en Diputados para aprobar esto antes de que termine febrero parece más una búsqueda de un "triunfo político" rápido que un análisis serio sobre la seguridad. ¿Están preparados estos institutos para contener a un chico de 13 años sin que el sistema termine por graduarlo en el delito? ¿O simplemente estamos bajando la vara de la justicia para llenar las estadísticas de detenciones?

El proyecto de ley es un espejo de lo que hoy se prioriza: el castigo sobre la prevención. Mientras se debate cuántos años de condena le caben a un preadolescente, el debate en el Congreso decidirá si la solución a la inseguridad empieza por las comisarías o si, alguna vez, el Estado va a llegar antes de que el chico apriete un gatillo.