

El desguace del ferrocarril llega a juicio: Atta Gerala enfrenta una posible pena de 11 años de prisión
Judiciales28/01/2026 Judiciales


El próximo 2 de marzo comenzará el juicio contra el exintendente de Morillo, acusado de liderar una red de contrabando y robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas. La fiscalía sostiene que utilizaba recursos municipales y mano de obra de comunidades originarias para despojar al ramal C-25.
La justicia federal de Salta fijó el inicio del juicio contra Atta Gerala para el 2 de marzo, en una causa que expuso una compleja trama de corrupción y saqueo de bienes públicos. El exjefe comunal llega al banquillo de los acusados imputado por contrabando triplemente agravado, robo agravado cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos. De ser hallado culpable, Gerala podría recibir una condena de hasta 11 años de prisión y la inhabilitación absoluta para volver a ejercer cargos públicos.
La investigación, que estalló en agosto de 2024 tras una denuncia por contrabando de neumáticos desde Bolivia, terminó revelando algo mucho mayor: una red que exportaba ilegalmente material ferroso. Según las escuchas telefónicas y las pericias, los rieles eran sustraídos entre Padre Lozano y Morillo utilizando maquinaria y vehículos de la propia Municipalidad de Rivadavia Banda Norte. Una vez robado, el material era trasladado hacia Orán y Salvador Mazza para ser cruzado ilegalmente hacia Bolivia, contando con la complicidad de efectivos de fuerzas de seguridad.


Complicidades y condenas previas
Junto a Gerala será juzgado el ex suboficial Daniel Alejandro Rodríguez, acusado de recibir coimas para facilitar el paso de los camiones con el material robado. Cabe recordar que la causa ya tiene condenados: el propio hijo del exintendente, Miguel Gerala, recibió una pena de seis años de prisión tras un juicio abreviado, al igual que el comerciante David Medina. También fue condenado un exsargento de Gendarmería por recibir sobornos.
Atta Gerala, quien fue destituido apenas ocho días después de su imputación en 2024, se encuentra actualmente en libertad provisoria, pero a partir de marzo deberá responder ante el tribunal por haber convertido, presuntamente, los recursos del Estado en herramientas para el crimen organizado.



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