Denuncian "frenazo" político en la renovación del Comité contra la Tortura

Organismos de derechos humanos advierten que el Gobierno provincial está en mora y que los mandatos vencen el 14 de febrero. Aseguran que la falta de concursos debilita el control sobre la violencia institucional y el hacinamiento en las cárceles salteñas.

La Mesa de Derechos Humanos de Salta encendió las alarmas ante lo que consideran una "dilación injustificada" por parte del Estado provincial para renovar a los representantes de la sociedad civil ante el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Con los mandatos actuales a punto de caducar el próximo 14 de febrero, el abogado Rodrigo Solá, representante de Salta ante el Comité Nacional, advirtió que el margen de tiempo para realizar los concursos legales prácticamente ha desaparecido.

Desde junio del año pasado, los organismos vienen solicitando que se activen los mecanismos de selección para los 12 representantes civiles, pero el proceso se encuentra estancado. "No estamos pidiendo nada exótico ni imposible; estamos exigiendo que se cumpla la ley", expresaron desde la Mesa, remarcando que tanto los cargos como el presupuesto ya están previstos. Según los referentes, solo falta la "definición política" para avanzar, y la reciente suspensión de una reunión clave ha generado un clima de profunda desconfianza.

Un contralor necesario ante la crisis carcelaria

El diagnóstico que motivó este reclamo es preocupante. Solá describió un panorama de "sobrepoblación y hacinamiento" en los lugares de detención de la provincia, sumado a un incremento de la violencia institucional. En este contexto, el Comité funciona como un órgano de control independiente para evitar que el Estado avance sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para los organismos, la demora en la renovación no es un simple descuido administrativo, sino un debilitamiento de las instituciones de control. "Lo nuestro es legítimo, válido y legal; lo que hay hasta ahora es un incumplimiento de la normativa vigente", insistieron, señalando que la ley es taxativa en cuanto a los protocolos y plazos que el Gobierno debería estar cumpliendo.

Protocolos y represión

La preocupación de los defensores de derechos humanos también se extiende al clima social general, cuestionando los "protocolos antipiquetes" que se aplican a nivel nacional y provincial. Consideran que estos mecanismos suelen aplicarse de manera discriminatoria contra los sectores más vulnerables cuando reclaman por sus derechos. Por ello, sostienen que contar con un Comité contra la Tortura fuerte e independiente es la única garantía para denunciar abusos y proponer políticas públicas que protejan a la ciudadanía frente a posibles excesos del aparato estatal.