Afiliados de OSPRERA, OSPECAO y OSECOP, víctimas de la falta de cobertura real

El reciente reclamo judicial del Hospital San Bernardo contra obras sociales como OSPRERA, OSPECAP y OSECOP ha dejado al descubierto una realidad compleja: el sistema público de salud se ha convertido, por necesidad, en el último refugio de miles de afiliados que se encuentran, en los hechos, desamparados por sus propias prestadoras. 

La deuda millonaria no es solo un número frío en un balance contable, sino la prueba fehaciente de un sistema de salud privado que ha decidido dejar a sus beneficiarios a la deriva, trasladando el costo operativo y prestacional de la medicina de alta complejidad hacia las espaldas del Estado.

La pregunta que resuena en los pasillos del hospital es inevitable: ¿qué sucede realmente en el sector privado? La respuesta es un esquema de abandono donde los pacientes descubren, en el momento más crítico de su enfermedad, que su cobertura es insuficiente. Las obras sociales, tras haber retenido los aportes mensuales de los trabajadores, aplican hoy esquemas de copagos, costos operativos y límites de cobertura tan restrictivos que las prestaciones se tornan impagables. Ante la negativa de los sanatorios privados de absorber esos costos o la falta de convenios actualizados, el afiliado no tiene otro camino que golpear las puertas del San Bernardo.

El gerente del nosocomio, Pablo Salomón, fue tajante al señalar que el hospital no puede seguir siendo el financista de un sistema de obras sociales que, lejos de ser un aliado de la salud, se ha transformado en un agente de desfinanciamiento. Cuando un afiliado llega al San Bernardo, no llega por elección propia, sino por descarte: llega porque su obra social no le garantiza el acceso a la atención, porque las cartillas se han reducido o porque, sencillamente, no cubren el 100% de la cirugía o el tratamiento necesario.

Esta "tercerización" de la responsabilidad es la que desborda al sector público. El hospital termina absorbiendo la atención total de un paciente que, por derecho, debería tener su prestación garantizada en el sector privado. Mientras las obras sociales retienen fondos y dilatan los pagos con deudas que superan los 365 días, el paciente se encuentra atrapado en una encrucijada donde debe pagar de su bolsillo costos adicionales o, en el peor de los casos, conformarse con una cobertura parcial que deja de lado los medicamentos, las prótesis o los días de internación.

El abandono como política institucional

Lo que hoy el San Bernardo está denunciando es una forma de abandono deliberado. Las obras sociales no están acompañando a sus trabajadores en el momento de la enfermedad; por el contrario, han forzado a que el hospital público —financiado por todos los impuestos de los ciudadanos— sea quien deba responder ante el incumplimiento de entidades que lucran con los aportes de salud. La situación de OSPRERA, OSPECAP y OSECOP es solo la punta del iceberg de un sistema que ha perdido el norte: cobrar la cuota o el aporte es la prioridad, pero garantizar la salud parece ser una opción que el sector privado ha decidido dejar de lado.

El Hospital San Bernardo reafirmó que la prioridad absoluta seguirá siendo el paciente que no tiene cobertura. Sin embargo, este llamado a la justicia no es solo por dinero; es un pedido urgente para que las obras sociales vuelvan a hacerse cargo de quienes confían en ellas. El afiliado que hoy es derivado o que busca refugio en el hospital público no es un cliente "gratuito", es una víctima de un sistema que, habiendo cobrado sus servicios, ha optado por el abandono.