La justicia indigna: libertad condicional para el exobispo Zanchetta

El Tribunal de Impugnación Sala IV ordenó la inmediata libertad condicional de Gustavo Oscar Zanchetta, exobispo de Orán, condenado en 2022 a cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual agravado contra dos exseminaristas. Una decisión que no solo enciende la polémica, sino que vuelve a abrir las heridas de quienes confiaron en que la Justicia, al menos esta vez, sería capaz de proteger a las víctimas por encima de los privilegios eclesiásticos.

Zanchetta nunca conoció lo que significa estar tras las rejas. Desde el inicio, fue beneficiado con una prisión domiciliaria en un convento, luego con la insólita autorización para viajar a Italia bajo la excusa de un tratamiento médico y, ahora, con la libertad condicional que lo devuelve a la calle bajo reglas de conducta apenas decorativas. Un derrotero judicial que deja en claro que su sotana pesó mucho más que la voz de las víctimas.

La causa fue un parteaguas: por primera vez, un obispo argentino en funciones fue investigado y condenado por abuso sexual. Pero ese hito histórico quedó manchado por la impunidad con la que se manejó su cumplimiento de la condena. Mientras los sobrevivientes siguen cargando con el dolor y el estigma, el exobispo sale prácticamente indemne, amparado en un sistema que parece diseñado para perdonar a los poderosos y castigar solo a los débiles.

La Iglesia lo cobijó, la Justicia lo favoreció y el Estado argentino quedó, otra vez, en deuda con las víctimas de los abusos clericales. El caso Zanchetta es un espejo brutal: cuando se trata de curas, obispos y jerarcas, la justicia argentina no es ciega, sino selectiva.

¿Dónde quedan, entonces, los discursos de “tolerancia cero” frente a los abusos? ¿Qué mensaje reciben hoy las víctimas que denunciaron a Zanchetta y soportaron años de silencio cómplice? La respuesta es clara: en este país, la impunidad sigue teniendo sotana.