El Colegio de Abogados de Salta emite fuertes críticas a la reforma del Código Procesal Penal

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, a través de una nota firmada por su presidenta María Trinidad Arias Villegas y los letrados Pedro Javier Arancibia y Luis Alejandro Pomares, ha presentado a la Cámara de Diputados una serie de observaciones y objeciones al proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El escrito, que se encuentra a la espera de ser debatido en el plenario, subraya que la propuesta es "conservadora" y presenta graves imprecisiones que podrían vulnerar derechos y garantías fundamentales.

La institución de los abogados considera que el proyecto no introduce un cambio radical de paradigma en el sistema judicial, sino que en gran medida busca "blanquear" la actividad cuasi legislativa que la Corte de Justicia de Salta ha venido desplegando a través de Acordadas. La nota critica que la reforma intenta construir sobre un "viejo edificio" cuyas fallas estructurales aún persisten, y que los cambios se hacen sin los suficientes recursos económicos y humanos para garantizar un funcionamiento adecuado.

El Colegio de Abogados de Salta, basándose en la opinión de diversos operadores judiciales, resalta varios puntos críticos del proyecto:

• Doble instancia en medidas de coerción: El proyecto elimina la vía recursiva vertical en materia de privación de la libertad, lo cual el Colegio considera inconstitucional y contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Se advierte que el control horizontal entre jueces de igual jerarquía no es una alternativa válida, ya que la garantía de recurso debe ser revisada por un juez superior.
• Facultades del Ministerio Público Fiscal: Se cuestiona la discrecionalidad que se le otorga al Procurador General para decidir qué delitos investigar, lo que va en contra del deber de investigar todo posible hecho ilícito.
• Derechos de la víctima: El proyecto restringe el derecho de las víctimas a llevar una acusación particular, al obligarlas a coincidir con la plataforma fáctica del Ministerio Público Fiscal. Esta limitación es vista como una vulneración a la autonomía del querellante particular.
• Análisis de la evidencia digital: Se advierte sobre la necesidad de limitar la extracción de información digital a lo estrictamente relevante para la causa, a fin de proteger el derecho a la intimidad del investigado. También se solicita que se prevea la destrucción de datos que no tengan relevancia para el proceso.
• Eliminación del recurso de casación: El proyecto elimina el recurso de casación, lo que se califica como un "serio retroceso" en las garantías del proceso y un incumplimiento de la doctrina "Casal". El Colegio considera que este recurso es fundamental para la revisión de las sentencias y que su eliminación atenta contra la tutela judicial efectiva.

La crítica de los profesionales también señala otras inconsistencias en la redacción, como la confusión de plazos para presentar acusaciones y demandas civiles, y la falta de regulación detallada del funcionamiento de la Oficina Judicial. El Colegio concluye que el objetivo de la reforma debe ser mejorar el código actual, no generar conflictos ni incoherencias que afecten la seguridad jurídica.