Chile rompe el silencio: la decisión que redefine su política exterior frente al genocidio en Gaza

El anuncio del presidente Gabriel Boric el 1 de junio de 2025, durante su cuenta pública ante el Congreso Nacional, no fue uno más en la historia reciente de la política exterior chilena. Con un paquete de medidas contundentes —embargo de armas, ruptura militar con Israel, exclusión de empresas de defensa de la FIDAE y legislación sobre productos de asentamientos ilegales— Chile se desmarca de la neutralidad diplomática y plantea una nueva forma de actuar frente a crímenes de guerra.

“No podemos seguir financiando la muerte de niños”, dijo Boric al referirse a la ofensiva militar israelí sobre Gaza, calificándola sin rodeos como un “genocidio” y una “limpieza étnica”. La frase, pronunciada por un jefe de Estado en un contexto oficial, marca un punto de inflexión en el discurso y la práctica de la política internacional en América Latina.

Mucho más que un gesto simbólico

Desde los años 70 —bajo la dictadura de Augusto Pinochet y luego durante la democracia— Chile mantuvo una estrecha relación con la industria militar israelí. Empresas como Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems y Aeronautics Ltd. han sido proveedoras regulares de las Fuerzas Armadas. En abril de 2024, el gobierno chileno anunció oficialmente su exclusión de la FIDAE 2024, una de las ferias de defensa más relevantes de América Latina, enviando una señal inequívoca: la defensa nacional no puede estar ligada a potencias que violan el derecho internacional.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, fue instruida a presentar un plan de diversificación de proveedores y formación militar. Esto no implica únicamente un cambio de nombres. Implica una revisión estructural del modelo de seguridad, históricamente dependiente de vínculos con países involucrados en conflictos armados con altos costos humanitarios.

La fuerza de la coherencia

Chile no se limita a condenar. Legisla. Boric anunció que se dará urgencia parlamentaria a un proyecto de ley que prohíba la importación de productos fabricados en territorios palestinos ocupados ilegalmente, una medida inédita en América Latina, pero alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho internacional humanitario.

Esta iniciativa ubica a Chile dentro de un grupo reducido de países que no sólo denuncian los crímenes de guerra, sino que actúan para detener el flujo económico que los sostiene.

¿Y la diplomacia tradicional?

La reacción de la embajada israelí en Santiago fue inmediata. Tras la retirada del agregado militar chileno en Tel Aviv, el embajador Gil Artzeli expresó su malestar, advirtiendo sobre un supuesto “perjuicio a décadas de cooperación”. Sin embargo, el gobierno chileno dejó en claro que cooperación no equivale a complicidad, y que no hay margen para relativizar violaciones masivas a los derechos humanos.

A la vez, Chile ha reiterado su condena al terrorismo de Hamas y exigido la liberación de todas las personas secuestradas, dejando claro que esta no es una postura parcial, sino una posición de principios.

Entre el costo político y el valor ético

El giro de Chile llega en un momento de fuerte presión social, con movilizaciones constantes en apoyo al pueblo palestino y denuncias de organizaciones de derechos humanos. En ese contexto, Boric canaliza institucionalmente una demanda popular que otros gobiernos han preferido ignorar o silenciar.

A nivel internacional, sólo España ha tomado una decisión comparable —el embargo de armas a Israel en mayo—, aunque sin avanzar en reformas estructurales ni en legislación específica. En ese sentido, Chile lidera en el sur global una política exterior con perspectiva de derechos humanos, en un terreno históricamente dominado por intereses geopolíticos y económicos.

 
Una nueva forma de hacer política exterior

El paso que ha dado Chile es arriesgado, pero necesario. En un escenario internacional cada vez más polarizado, donde la neutralidad muchas veces es sinónimo de omisión, Boric apuesta por una política exterior coherente, basada en el derecho internacional y la ética de Estado.

Este no es un gesto contra Israel. Es una toma de posición frente a la ocupación, la violencia sistemática y el uso desproporcionado de la fuerza. Y eso, en estos tiempos, es más revolucionario de lo que parece.